La Audiencia rechaza investigar si la clínica de la Concepción es responsable en el 'caso De Mingo'

La Audiencia de Madrid ha rechazado la pretensión de la acusación particular de incluir más pruebas en la causa contra la médica Noelia de Mingo, acusada de matar a tres personas y herir a otras cinco de varias puñaladas en la clínica de la Concepción el pasado 3 de abril. En un auto, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación presentado por la acusación particular, ejercida por familiares de los fallecidos, contra la decisión del juzgado de instrucción de rechazar dichas pruebas.

El recurso de la acusación pretendía incluir pruebas para demostrar que De Mingo, que sufre esquizofrenia paranoide y que en el momento de los hechos era médica residente en la clínica de la Concepción, no hacía guardias y, sin embargo, las cobraba y, además, pasaba de curso. Según la Audiencia, "para depurar la responsabilidad civil en que pudiera haber incurrido Noelia de Mingo por los atentados contra la vida de otras personas, no nos interesa saber el resultado de sus evaluaciones anuales, como tampoco sirve de nada saber si realizó o dejó de realizar guardias", informa Efe.

La resolución continúa afirmando que, si lo buscado por el recurso es determinar si "existe una falsedad documental, esta irregularidad" no tiene "relación de conexidad (...) con los atentados contra la vida atribuidos a Noelia". Para la Audiencia Provincial, la causa no debe ser utilizada para realizar "una indagación general sobre todo tipo de irregularidades en que pudiera haber incurrido la Fundación Jiménez Díaz".

Los abogados que representan a las familias de los tres fallecidos -la médica Leilah el Ouamaari, de 26 años, y los pacientes Jacinta Gómez, de 72, y Félix Vallés, de 76- solicitaban que la dirección del hospital aporte como prueba todas las nóminas de la presunta autora de los hechos, así como todos los contratos que firmó. De esta forma, la acusación quería "determinar y fundamentar (según el recurso de apelación rechazado) la responsabilidad civil de la Concepción, del Estado o de la Comunidad Autónoma".

Los familiares de las víctimas acusaron a la Sección 23 de la Audiencia Provincial de haber emitido una resolución "indecente y fascista" y de ser "un auto para proteger al poder establecido".