Vizcaya ha repartido 285.000 euros en cesantías desde 1999

La Diputación de Vizcaya ha repartido desde 1999 cerca de 285.000 euros entre 34 altos cargos que han abandonado la institución foral. Las indemnizaciones, las denominadas cesantías, han ido disminuyendo con la modificación restrictiva de la normativa. Si en 1999 superaron los 200.000 y beneficiaron a 20 personas, ahora han rondado los 80.000 euros y han sido percibidas por 14 cargos. Aunque estas ayudas se establecieron pora cubrir la falta de la cobertura de desempleo de los cesantes, la mayor parte de los beneficiados trabaja ya en la empresa privada o en las propias administraciones vascas.

La Ley de Cesantías se modificó en 1989 en todas las administraciones vascas tras una polémica sobre las elevadas retribuciones que percibían los que abandonaban los altos cargos. Hasta entonces se cobraba un mínimo de tres a seis meses de salario en función de los años trabajados; con el cambio de la normativa, sólo tienen derecho a percibir una mensualidad -con independencia de los años que se ha estado en el cargo público-, en la que se incluye la parte proporcional de las dos pagas extras que disfrutan. Sólo los políticos que han ocupado sus cargos antes de 1989 tienen derecho a beneficiarse del régimen anterior.

El mantenimiento de las cesantías se ha justificado desde las instituciones por la inexistencia de un seguro de desempleo para las personas que se dedican a la política institucional, una vez que dejan este cometido. Pero la realidad es que las indemnizaciones se abonan aunque los beneficiados pesen inmediatamente al puesto que tenían anteriormente o a otro nuevo, e independientemente de que sea en la administración pública o en la empresa privada. El pago de la cesantía no se realiza de forma automática, sino que tiene haber una petición expresa del beneficiario.

Retorno al trabajo

En la mayoría de los casos los altos cargos retornan de manera inmediata a su trabajo anterior, como se comprueba en los 14 responsables de la Diputación de Vizcaya que abandonaron en julio pasado sus puestos. Salvo el caso del anterior diputado general, Josu Bergara, el ex diputado de Acción Social Ricardo Ansotegi -ambos jubilados- y la ex titular de Medio Ambiente, María Esther Solabarrieta -que sigue con la excedencia de su puesto en el Gobierno vasco-, el resto se encuentra trabajando. Casi todos se han incorporado a sus anteriores puestos en la administración o en organismos públicos como el Consorcio de Aguas o el Consorcio de Transportes. Sólo el diputado de Hacienda Javier Urizarbarrena y el director de este departamento Javier Muguruza han pasado a la empresa privada.

Algunos son ahora alcaldes, caso del anterior director de Promoción Turística, Joseba Escribano, que es el regidor de Galdakao, y otros han accedido a otras entidades públicas, como Juan Cruz Nieves, ex titular de Urbanismo, que ostenta la dirección del Consorcio de Transportes de Vizcaya, que financia las obras del metro.

La Diputación vizcaína ha repartido un total de 80.239 euros entre los 14 ex altos cargos, todos ellos de la coalición PNV-EA, que ha gobernado en solitario la última legislatura. El ex diputado general, Josu Bergara, ha percibido 7.004 euros; los anteriores diputados forales Ricardo Ansotegi, Javier Urizarbarrena, María Esther Solabarrieta y Juan Cruz Nieves han recibido 5.897 euros, y José Félix Basozabal (Obras Públicas y Transportes), 6.174.

El resto de beneficiarios son los hasta julio directores de departamentos: Javier Muguruza (Hacienda), 6.072 euros; Carlos Royuela (Acción Social), 5.796; Joseba Escribano (Presidencia), 5.382, y Juan José Aguirre, Mari Carmen Urbieta (ambos del área de Medio Ambiente), Cosme Garay (Obras Públicas), Iratxe Landeta (Infancia) y Miren Edurne Gumucio (Empleo y Formación), con una cesantía de 5.243 euros, respectivamtente.

La cantidad media no llega a los 6.000 euros y supone un descenso significativo respecto a los altos cargos forales vizcaínos que dejaron sus puestos en 1999. Entonces se repartieron más de 204.000 euros. Aunque el número de beneficiarios también fue mayor (20), la diferencia radica en que siete de ellos pudo acogerse a la normativa anterior a 1989 y varios cobraron entre 25.000 y 28.000 euros. La mayor indemnización correspondió al hasta entonces diputado de Cultura Tomás Uribeetxebarria, 28.820 euros por los doce años que permaneció al frente del área. Se convirtió así en el político mejor pagado por la Diputación vizcaína al abandonar su puesto.

Dos de los que en 1999 recibieron cesantías han vuelto ahora a la Diputación: José Antonio Asensio, que fue director de Gestión Viaria, es ahora el director de Transportes, y Iosu Madariaga, director de Medio Ambiente es el nuevo diputado foral de este área.