Denuncias contra la tortura de presos saharauis en Marruecos

Hace algo más de una década, Marruecos adoptó medidas legislativas e institucionales tendentes a mejorar los derechos humanos pero éstas no se aplican en el Sáhara occidental. El Frente Polisario ha permitido a ONG y a la prensa visitar algunas de las cárceles en las que retiene a prisioneros de guerra marroquíes pero, en cambio, Rabat no autoriza la entrada de la prisión de Lajal, en El Aaiún, en la que se hacinan cientos de saharauis.

Estas observaciones figuran en un amplio informe sobre juicios contra presos políticos saharauis que Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, presentó ayer. Entre abril de 2002 y junio pasado, 11 abogados y un magistrado asistieron a nueve juicios en El Aaiún.

La tarea no fue fácil. La misión encontró, según Inés Miranda, uno de sus miembros, "múltiples obstáculos hasta el punto de que al final no pudo sentarse en la sala de juicios y se le prohibió disponer de un intérprete". A esto se añade el constante seguimiento policial al que fue sometida.

Si se aplicase de verdad el código penal marroquí buena parte de las actuaciones serían nulas porque se caracterizan por "el empleo de torturas y malos tratos para obtener declaraciones de los acusados, la privación de la asistencia de abogados a los detenidos (...) y de ser reconocido por el médico forense".

Pese a ello, "el tribunal, al dictar sentencia, considera, de hecho, la fase policial, el Acta Policial, como la más importante del procedimiento, como la única (...)". Por si esto no bastase, "el presidente del tribunal ejerce en los juicios un papel inquisitivo, efectuando recriminaciones a los acusados y testigos", asegura la misión.

En los juicios a los que asistieron los abogados españoles "nunca se apreció la presencia de representantes acreditados de la MINURSO", la fuerza de la ONU desplegada en la zona. "Existe una aparente despreocupación de ésta por lo acontecido en dichos procedimientos a pesar de que los detenidos procesados, presos y condenados" figuran en el censo de votantes elaborado por Naciones Unidas para celebrar unas elecciones o un referéndum.