Supervisor ineficaz

Otro banco intervenido, y miles de clientes a punto de perder sus ahorros. La dimensión relativamente reducida de Eurobank del Mediterráneo, el banco con domicilio en Barcelona cuyos responsables pidieron la intervención del Banco de España el pasado julio, limita el número de perjudicados (tenía 68.000 clientes) y la magnitud de las pérdidas, pero no elimina la sensación de vulnerabilidad del sistema financiero español y las dudas sobre la calidad del sistema de supervisión en vigor.

Las anomalías en el funcionamiento de este banco no derivan exclusivamente de la agresiva oferta de productos financieros de elevada remuneración, sino igualmente de una extraña estructura de propiedad, en la que mutuas de seguros, emisoras de algunos productos comercializados por el banco, mantenían parte de la propiedad del mismo. Junto a ellas, ha aparecido un vehículo en Luxemburgo participado por el propio banco, y, sobre todas ellas, un personaje destacado, Eduardo Pascual Arxé, presidente y controlador de la maraña que ahora empieza a emerger en toda su extensión, asesorado por consejeros de conocida raigambre bancaria como Luis Coronel de Palma. Demasiados elementos comunes con algún otro episodio reciente, como el caso Gescartera.

El primero es el analfabetismo financiero de algunos consumidores y la insuficiente actuación de los servicios públicos encargados de velar por la calidad de la publicidad y métodos de comercialización de algunas empresas financieras. La avidez por las elevadas remuneraciones, en un contexto de reducción de los tipos de interés, acaba propiciando situaciones próximas al timo.

El segundo elemento, que alimenta la inquietud acerca de la eficacia del sistema de supervisión, es la tardanza en reaccionar. El Banco de España recibió denuncias de algunos accionistas hace cuatro años, y existe constancia de anomalías desde, por lo menos, 1998, cuando la Dirección General de Seguros prohibió en ese año a una de las mutuas promovidas por Eduardo Pascual Arxé, actuar en el mercado español, pese a lo cual la Generalitat permitió que otras mutuas del mismo grupo bancario operasen en Cataluña. Pero es ahora cuando, a iniciativa del propio banco, no de ninguno de los supervisores, se lleva a cabo la intervención. El tercer elemento común con Gescartera es la falta de coordinación de las instituciones encargadas del control de las actividades o empresas financieras cuyas actividades concurrían en ese banco: el Banco de España, en primer lugar, la Dirección General de Seguros y la Generalitat, bajo cuyo control estaban algunas mutualidades.

No hace falta decir que en el interés de la estabilidad y confianza que merece el conjunto del sistema financiero español y el que ha de granjearse el sistema de supervisión, está que todas las entidades públicas implicadas, empezando por el Banco de España, bajo cuya supervisión específica estaba el banco en cuestión, clarifiquen no sólo sus actuaciones pasadas, sino las que adoptarán para evitar nuevos episodios de esta naturaleza.