El Poder Judicial defiende a un juez criticado por Múgica en un caso de violencia doméstica

Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y Enrique López, portavoz del Consejo y vocal, negaron ayer la existencia de falta alguna en la actuación del juez de instrucción número 3 de Pamplona en relación con las supuestas irregularidades denunciadas por el Defensor del Pueblo con ocasión de la muerte de Alicia Arístregui a manos de su marido, tras haberle denunciado en repetidas ocasiones.

Según publicó este periódico el 2 de julio, el informe del Defensor del Pueblo -institución de la que es titular Enrique Múgica- revelaba la existencia de numerosas irregularidades en la tramitación judicial de las denuncias que precedieron a la muerte de Arístregui a navajazos en una calle de Villava (Pamplona), el 8 de abril de 2002. Entre ellas, que el juez no informó de la orden de alejamiento que pesaba sobre el marido de la víctima ni respondió a ciertas medidas solicitadas por el fiscal.

El comunicado conjunto de ambos vocales del CGPJ afirma la "corrección judicial" de la actuación cuestionada, entre otros aspectos porque, según asegura, el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona "sí notificó la resolución judicial acordando la medida cautelar de alejamiento".