Pactos arrojadizos

En su visita del domingo pasado a Pamplona, el presidente Aznar reprochó a los socialistas haber vulnerado el Pacto antiterrorista negociando acuerdos "con todo eso que se llama Batzarre, Aralar o esas cosas (...), con votos que no condenan el terrorismo", a fin de alcanzar algunas alcaldías. La idea ha sido repetida luego a lo largo de la semana por otros dirigentes del PP. Es una acusación injusta, que falta a la verdad pero plantea un debate pendiente.

Batzarre, Aralar y otras formaciones surgidas del mundo de ETA siguen siendo independentistas, pero, al contrario de lo que dice Aznar, rechazan el empleo de la violencia. ¿No era un objetivo esencial de la ilegalización de Batasuna favorecer la aparición de un independentismo desligado del terrorismo, como el que existe desde hace muchos años en Cataluña, por ejemplo? La propia sentencia del Supremo establece que lo que se prohibe no son las ideas independentistas, sino la vinculación con un grupo que considera legítimo defenderlas mediante el crimen.

Favorecer la sustitución de un independentismo violento por uno pacífico y respetuoso con las reglas de juego democráticas ¿no implicará dar oportunidades de juego político, al menos en los ayuntamientos, a las formaciones que se desligan de la tutela de ETA? ¿No sería interesante hacer evidente que los demócratas no dan el mismo trato a quienes condenan los atentados que a quienes los justifican? Como mínimo, es legítimo planteárselo, sin que hacerlo sea necesariamente una vulneración del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo suscrito por PP y PSOE en diciembre de 2000. Y si se admitiera esa posibilidad, ¿no sería algo contradictorio poder pactar en algunos municipios con Aralar, por ejemplo, y no poder hacerlo con EA o el PNV?

Tal vez el problema sea que el compromiso de evitar pactos con formaciones nacionalistas mientras sigan en la lógica de Lizarra no se puede proyectar sin más a los ayuntamientos, que no son sólo instituciones políticas, sino de gestión de servicios. Los cinco alcaldes socialistas navarros puestos bajo sospecha han aportado razones locales que explicarían su opción, limitada por otra parte a aceptar apoyos externos, sin contrapartidas ni negociación previa. La dirección socialista ha abierto expediente a los ediles, porque la orden fue que, en todo caso, evitaran votarse a sí mismos para no salir elegidos con los votos nacionalistas.

Las razones invocadas por ellos pueden ser discutibles, pero el hecho de que que también la UPN (equivalente navarro del PP) llegara en el pasado a acuerdos locales de gestión con fuerzas nacionalistas, e incluso que en alguno de ellos haya renunciado a parte de los escaños obtenidos en consideración a los votos nulos propiciados por Batasuna, aconsejaría no levantar demasiado la voz; es decir, no actuar como el secretario general del PP, Javier Arenas, considerándose con derecho a dictarle a Zapatero las medidas disciplinarias que tiene que tomar con esos alcaldes.

Esas actitudes estridentes dan argumentos a los sectores del PSOE que siempre vieron con desconfianza el Pacto Antiterrorista, pero eso parece no importar mucho a la dirección del PP, al contrario; les interesa mucho más utilizar cualquier motivo para acusar al PSOE de falta de firmeza antiterrorista, y a Zapatero de ser un líder débil. Pero si la crisis vasca es una prioridad de la democracia española, también lo es preservar la unidad de los partidos constitucionalistas, sin la que no hay alternativa posible a la actual hegemonía nacionalista. Así se recoge en el Pacto Antiterrorista, que establece el compromiso de PP y PSOE de eliminar del "ámbito de legítima confrontación política o electoral" entre ambas formaciones las divergencias sobre la mejor forma de "acabar con el terrorismo".