La Diputación vizcaína dice que defendió los intereses públicos en Azpegitura

La Diputación de Vizcaya indicó ayer que en el caso Azpiegitura, la supuesta estafa millonaria que acaba de desinflar definitivamente el Tribunal Supremo, "la actuación de la Diputación ha estado movida por la defensa de los intereses públicos". El fallo considera que la actuación de la acusación particular llevada por la institución foral, ha sido "temeraria", con "mala fe" procesal, lo que ha tenido una "incidencia perturbadora" en el proceso. La Diputación ha decidido dar por terminada esta batalla penal, ya que no recurrirá la sentencia, pese a que el Supremo ha echado por tierra la práctica totalidad de los motivos recogidos en su recurso de casación.

Sin embargo, anuncia que, "diez años después, y concluido el procedimiento penal, se da vía libre al procedimiento civil iniciado en 1993 por la sociedad pública foral Azpiegitura". Se refiere, en concreto, a la denuncia que presentó contra Altau, la empresa de Alberto López, el arquitecto acusado de estafa en la causa, por daños y perjuicios que cifró entonces en 76 millones de pesetas. Éste, a su vez, prepara una batalla legal contra la Diputación por haber arruinado sus empresas.