Aznar desoye a Zapatero y evita condenar la muerte de José Couso

José María Aznar ignoró el emplazamiento que le hizo ayer en el Congreso José Luis Rodríguez Zapatero para que condenase y exigiera una investigación por la muerte del cámara de Tele 5 José Couso, alcanzado en Bagdad por el disparo de un carro de combate de EE UU. Hubo que esperar a que, horas después, el ministro de Defensa contestase una interpelación del portavoz de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, para escuchar las explicaciones del Gobierno.

Trillo-Figueroa insistió en calificar de "gravísimo error" el ataque al hotel en el que se alojaban los periodistas y dijo que se había pedido información a EE UU, primero por vía militar y luego diplomática. Pero, aunque subrayó que todavía está a la espera de una "completa clarificación", agregó que es muy difícil demostrar lo que pasó y que, de la información disponible hasta ahora, no se deduce que hubiera "dolo específico" (es decir, intención de matar), condición indispensable a su juicio para que pudiera imputar un eventual delito de guerra.

En otro momento, advirtió de que el delito de derrotismo, que castiga hasta con seis años de cárcel a quien se manifieste contra una guerra en la que participe España, "está vigente" en el actual Código Penal Militar, aprobado bajo mandato socialista. Si el Gobierno hubiera pretendido aplicarlo a los manifestantes contra la guerra de Irak no hubiera tenido que modificar la ley, agregó el ministro, tras subrayar que en su opinión se trata de "dislate". La diferencia radica en que el código vigente sólo permite aplicar dicho delito cuando esté "declarada o generalizada la guerra", mientras que el borrador elaborado por Defensa permitía aplicarlo en caso de "conflicto armado de carácter internacional".

Trillo-Figueroa insistió en que conoció dicho borrador cuando lo publicó EL PAÍS, el pasado día 22, y en que no figura en sus planes para esta legislatura. Sólo reconoció haber encargado la adaptación del Código Penal Militar de 1985 al Código Penal común aprobado diez años después. "No quiero ni saber quién fue el primer redactor" del borrador, dijo. No obstante, descartó que la autoría corresponda al general Juan Gonzalo Martínez Micó, asesor jurídico general de Defensa desde agosto pasado hasta su reciente nombramiento como magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo.