Canarias regula su crecimiento urbanístico y establece moratorias en la construcción

Todos los grupos políticos aprobaron ayer en el Parlamento canario las Directrices de Ordenación General y del Turismo, cuyos efectos inmediatos consistirán en la prohibición, durante tres años, de conceder una licencia turística más y en la desclasificación de todo el suelo que contaba con licencia turística pero que no se había desarrollado. Estos terrenos pasan a ser "suelo urbanizable no sectorializado urbanizable o apto para urbanizar".

El texto, aprobado con los votos de Coalición Canaria, PP, PSOE y Grupo Mixto, consta de 143 artículos de ordenación general y 34 específicos para la ordenación del turismo. La ley arranca de raíz el actual modelo de desarrollo, suprime todas las licencias turísticas concedidas pero que, hasta hoy, no cuenten con licencia urbanística ni haya iniciado las obras y propone dirigir la inversión a la renovación de la planta alojativa turística obsoleta, a la construcción de viviendas en régimen público y privado y a las infraestructuras.

Canarias cuenta con capacidad para 400.000 plazas turísticas. Las licencias que sí están autorizadas a construirse (equivalentes a unas 50.000 plazas turísticas más, según el Gobierno de Canarias, y 80.000 según los empresarios de la construcción y grupos ecologistas) dispondrán de una gracia para evitar que se levanten todas al mismo tiempo durante los próximos tres años y alargan su plazo de ejecución hasta 2013, con la opción de mejorar el proyecto inicial, elevar la calidad y disminuir la capacidad proyectada. La Palma, La Gomera y El Hierro contarán con un planeamiento turístico diferenciado, acorde a su modelo de desarrollo, más enfocado a nichos de mercados como el turismo rural, submarinismo, balnearios y otros.

Las directrices generales de ordenación replantean la principal industria de las islas, el turismo, y se extienden de forma horizontal a todos los órdenes de la vida en la isla, desde su planificación energética, hasta la conservación de su biodiversidad, desde la gestión de residuos hasta la limitación del consumo de suelo urbanizable. Desde la limitación para construir carreteras hasta el fomento del transporte público.

El portavoz del PSC, José Alcaraz, quiso "evitar solemnidades" y advirtió que la aprobación de las directrices "sólo es el comienzo" de una nueva etapa en la política y el modelo socioeconómico del archipiélago. Alcaraz advirtió que a Canarias no le ha faltado normativa para regular adecuadamente la voracidad constructora frente al territorio y reconoció un "fallo colectivo" a la hora de no pisar el freno, aunque responsabilizó de ello especialmente a nacionalistas y populares, "quienes han estado gobernando en los últimos diez años". "Dependiendo de cómo se aplique en el futuro, ésta será una norma que se flexibilice para adaptarse a la realidad futura o tendrá una escasa aplicación", añadió.

Los nacionalistas consideraron que las directrices "son muy importantes, no perfectas, pero sí marcan el camino para las generaciones futuras", como expresó su portavoz, José Miguel González, para quien esta normativa permitirá "que nuestra calidad de vida sea compatible con la conservación del territorio".

El portavoz popular, Pablo Matos, aclaró desde su primera frase que "estas directrices no son de nadie y, desde luego, no del PP", en el sentido de la amplia participación social, pero con mucho más texto y artículos que los propuestos por los populares. Matos señaló que su grupo había hecho "un gran esfuerzo" en la aprobación definitiva "para facilitar el consenso".