El Ejecutivo vasco replica que el fallo judicial no obliga a la disolución

El Gobierno vasco no está por la labor de cooperar con lo que considera una "desaparición civil" de quienes algún día fueron dirigentes o representantes de Batasuna, ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo.

El consejero de Justicia del Gobierno, Joseba Azkarraga (EA), fue ayer claro al decirle dos cosas a José María Aznar, quien la víspera había exigido al Ejecutivo de Vitoria el cierre de las herriko taberna (sedes sociales de Batasuna) y la disolución de su grupo parlamentario, Sozialista Abertzaleak (SA). Azkarraga replica, primero, que la ilegalización "no conlleva la pérdida del mandato de los electos, ni determina la suspensión de los grupos parlamentarios o municipales". Y segundo, que la Ley de Partidos no prevé la eliminación del sufragio pasivo, el derecho a ser elegidos de quienes han tenido relación con la formación ilegalizada.

Ante esa "peligrosa tentación", Azkarraga utilizó ayer el altavoz que le confiere su cargo para considerar, sobre todo de cara a las organizaciones de Derechos Humanos y los organismos internacionales, que el fallo del Supremo tiene un "alto valor político que evidencia que ha sido el poder ejecutivo quien ha marcado el ritmo al poder judicial".

En su análisis, el consejero criticó lo que considera debilidad de los argumentos empleados por el tribunal y el hecho de que el "motivo clave" para la ilegalización sea la falta de condena de los atentados de ETA. Azkarraga se preguntó entonces qué habría que hacer con el Gobierno de Aznar, que no sólo "no condena el genocidio de Irak, sino que lo apoya" o que se ha negado sistemáticamente a condenar "los asesinatos del franquismo".

El Ejecutivo vasco cree que el Supremo ha realizado una "aplicación retroactiva" de la Ley de Partidos, además de apuntar, sin pruebas, la existencia de un "designio previo" de ETA en el reparto de funciones del entramado terrorista con HB-EH-Batasuna. Por ello, Azkarraga asegura que el "pluralismo político está en riesgo" con la ilegalización. El consejero remitirá su análisis a la Vicepresidencia del Gobierno vasco para que se añada a las razones con las que el Gabinete baraja recurrir el fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.