La ONG investigada por empadronar a inmigrantes en su sede dice que la Subdelegación del Gobierno lo sabía

El Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) en Málaga -ONG sobre la que se ha abierto una investigación judicial por empadronar a casi 1.200 inmigrantes en su sede- reiteró ayer que no hubo mala fe en esa tramitación ya que era una situación conocida por la Subdelegación del Gobierno, la comisaría provincial y el Ayuntamiento. "En la sede se han recibido cientos de notificaciones para inmigrantes. Nunca ha habido mala fe ni ánimo de falsear nada, sino de facilitar las notificaciones porque muchas de estas personas no tienen un domicilio fijo", apuntó un asesor jurídico.

El martes de la semana pasada prestaron declaración en calidad de detenidos -acusados de un supuesto delito de falsedad documental- el coordinador de la organización, Juan Carlos Espejo; el secretario, Pablo Schargorodsky; y una administrativa, Belén Reus.

El subdelegado del Gobierno, Carlos Rubio, explicó ayer que el juzgado de instrucción número 8 inició la investigación a raíz del internamiento de un extranjero, empadronado en la sede de la asociación. Las pesquisas determinaron que había 1.194 inmigrantes en ese domicilio, por lo que fueron citadas como imputadas las tres personas que firmaron los certificados de empadronamiento.

El MPDL gestiona precisamente la Oficina Municipal de Información al Inmigrante y tiene un convenio firmado con el Ayuntamiento de Málaga para la atención a este colectivo. La concejala de Bienestar Social, María Victoria Romero, desvinculó al consistorio de esa tramitación. "Desconocíamos que se empadronaran allí", aseguró la edil y acotó que dentro del convenio "no se contempla este hecho en ningún momento". No obstante, aclaró que "de momento" el Ayuntamiento no reconsiderá su acuerdo con la ONG porque su labor ha sido "muy positiva".

En contra de lo manifestado por la concejala, Espejo indicó que el consistorio no podía desconocer ese extremo ya que recibía los informes para el seguimiento del acuerdo. "El convenio es el soporte legal de un proyecto en el que figura el empadronamiento", añadió. Además, denunció que fueron citados en comisaría sin que se les notificara acusación alguna. Para el MPDL, la imputación de sus tres integrantes es una "medida coactiva" hacia la organización por el informe sobre el centro de internamiento para inmigrantes de Capuchinos que elevará al Defensor del Pueblo y que hoy dará a conocer a la prensa.