La Audiencia reabre la causa sobre el lindane abandonado en una nave de Sestao

La Audiencia de Vizcaya ha ordenado en un auto proseguir la investigación de las presuntas ilegalidades de un almacenamiento de residuos de lindane de la empresa Babcock en Sestao. El auto desestima el archivo de la causa decretado en agosto pasado por un juzgado de Barakaldo y afirma que "no es viable concluir que el polémico almacenamiento no constituía entonces un grave peligro para el equilibrio de los sistemas naturales o de las personas".

Un total de 3.500 grandes sacos con lindane -con un volumen superior a los 7.000 metros cúbicos- fueron almacenados en una nave abandonada desde 1995 hasta 2001, cuando todos los desechos se trasladaron al depósito de Barakaldo, donde están ahora enterrados junto a otros 350.000 metros cúbicos de tierras contaminadas.

La resolución de la Audiencia, fechada el pasado 22 de enero, estima que "existen determinados aspectos que no han sido claramente despejados en el curso de la investigación" y cita los tres informes realizados en su momento por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), que constató problemas de contaminación por roturas de los sacos. "El tercer informe", añade el auto, "evidenció que las tierras almacenadas, el propio suelo de la nave e incluso el suelo exterior presentaban contaminación".

El auto añade un estudio del Instituto Geológico y Minero, que concluye que el suelo de la zona presentaba "cierta permeabilidad pudiendo circular el agua y los fluidos contaminantes", por lo que era necesario un sondeo más exhaustivo. Agrega que este estudio no resuelve "la cuestión planteada acerca del riesgo para la salud de las personas" y la traslada a " la autoridad sanitaria competente".

La resolución ve "conveniente" trasladar la querella a los directivos de Babcock y que vuelvan a declarar, esta vez como imputados. Además apunta una posible implicación del Departamento de Medio Ambiente, que permitió este almacén. "La autorización administrativa no descarta la participación en los hechos de la Administración autorizante", precisa.