Autonomía pedagógica y formación docente

Más autonomía pedagógica y organizativa en los colegios e institutos. Esta es una de las peticiones que el Consejo Escolar solicita a la Administración. Este organismo pide que cada centro decida, con la participación directa de la comunidad educativa, el modelo de jornada escolar para que el colegio responda "de un modo efectivo" a las diferencias entre alumnos.

Sobre la inspección educativa, el Consejo Escolar se queja de que "está más centrada en la supervisión y en el control que en el apoyo, la información y el asesoramiento" de los diferentes componentes del sistema, "funciones realmente importantes para tener una educación de calidad".

En cuanto a las becas y ayudas al estudio, el Consejo Escolar solicita al Ministerio de Educación y a las administraciones autonómicas que arbitren las medidas necesarias para garantizar la gratuidad de los libros de texto en los centros sostenidos con fondos públicos. Advierte sobre la "discriminación" que sufren los alumnos por el hecho de residir en una u otra comunidad autónoma, porque esta medida no se ha generalizado aún. También el Consejo pide que se incrementen los fondos destinados a las becas en bachillerato.

Sobre la formación de los maestros se insiste en que se subraye la especialización didáctica y en la necesidad de que la actual diplomatura pase a ser licenciatura, con lo que se conseguiría, además, un mayor "reconocimiento social".

Por otra parte, se reconoce que el profesorado "realiza muy bien su labor", aunque "las clases podrían ser más activas".

También se pide que se homologuen el salario del profesorado entre las distintas comunidades autónomas. Y se lamenta el "excesivo número de funcionarios en situación de provisionalidad" que existe, por lo que instan a las administraciones a que solucionen pronto esta "anómala" situación.

En cuanto al acceso a la universidad, al Consejo Escolar le preocupa la diferencia de aprobados entre los alumnos que se examinan en una universidad u otra. La universidad con menos aprobados es la de Almería, con un índice de 51,28% y la que más, la del País Vasco, con el 91,61%. "Estas diferencias no son lógicas y habría que investigar las causas", señala el informe.