El sector agrario se une contra el proyecto de Ley del Vino tras dos años de diálogo

Organizaciones agrarias, comunidades autónomas y prácticamente la totalidad de los partidos políticos de la oposición han coincidido en sus críticas contra el proyecto de Ley del Vino, que en los últimos días inició su recorrido parlamentario. Para el responsable de agricultura de los socialistas, Jesús Cuadrado, se trata de un texto excesivamente reglamentista que atenta contra las competencias en esa materia de las comunidades autónomas y que pone en peligro el propio funcionamiento del sector.

Por el contrario, para el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, es un proyecto que tiene el informe preceptivo del Consejo de Estado, y servirá para construir un nuevo futuro para el vino desde la producción a la comercialización. El funcionamiento y las competencias de los Consejos Reguladores es uno de los puntos más polémicos.

El proyecto de Ley del Vino remitido al Parlamento es un texto que se ha negociado en el Ministerio de Agricultura durante los últimos dos años, especialmente con las comunidades autónomas y Consejos Reguladores y, en menor medida, con las organizaciones agrarias que han señalado sentirse marginadas en los debates. En este tiempo se han puesto sobre la mesa casi una decena de borradores de proyectos. Aunque no se logró un acuerdo mínimo sobre el texto definitivo, el Gobierno optó por su envío al Congreso de los Diputados, donde se han vuelto a reabrir las discrepancias calificando la oposición el texto de inconstitucional.

En los últimos meses, la Comisión correspondiente se ha visto obligada a dar tres prórrogas para la remisión de enmiendas tanto desde la oposición como desde el propio PP. El inicio de la andadura parlamentaria de este proyecto de ley se abrió con el rechazo de cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por socialistas, nacionalistas gallegos, Ezquerra Republicana y la Chunta de Aragón y con las abstenciones de nacionalistas vascos y catalanes. A pesar de ello, el Gobierno ha decidido seguir con el debate parlamentario, al que han reclamado sumarse las organizaciones agrarias. Actualmente son varias las comunidades autónomas, como Cataluña, La Rioja, Navarra o Castilla-La Mancha, que han aprobado una Ley del Vino o que tienen en marcha proyectos para su aprobación.