Los expropiados por la alta velocidad protestan en la sede de Fomento

Unos 40 agricultores de Alcarràs, Gimenells y Lleida (Segrià), afectados por las expropiaciones del tren de alta velocidad (AVE), se encerraron ayer durante más de seis horas en la sede del Ministerio de Fomento en Barcelona después de que el delegado de la Agencia Tributaria en Cataluña, Raúl Burillo, les confirmara que tienen que abonar los impuestos correspondientes a las indemnizaciones percibidas hace seis años.

A cada uno de estos agricultores, que la semana pasada se encerraron en la subdelegación del Gobierno en Lleida, Hacienda les reclama entre 60.000 y 90.000 euros en concepto de impuestos sobre la renta y sociedades. Burillo se comprometió a revisar individualmente los expedientes para facilitar los pagos, lo cual también puede ser una manera de ganar tiempo mientras se encuentra una solución política al conflicto.

Los afectados, unos 90, se sienten engañados tanto por el Ministerio de Fomento como por el sindicato Unió de Pagesos (UP), que en 1996 negoció las expropiaciones con técnicos de la Administración. Los agricultores aseguran que Fomento pactó con ellos que el importe recibido por las expropiaciones estaría exento "de toda clase de gastos, impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, comunidad autónoma, provincia o municipio", y así consta en las actas del acuerdo. También denuncian un agravio comparativo porque a los afectados de otras provincias no se les han reclamado esos impuestos, extremo que niega Hacienda.

Burillo explicó ayer a los expropiados que Fomento no les puede eximir del pago de los tributos de las indemnizaciones porque no es de su competencia. Ramon Gòdia, portavoz de los afectados, manifestó: "El único culpable de nuestra situación es Fomento por prometer algo que no podía garantizar", y anunció que las acciones de protesta irán contra este ministerio.