Una estafa que se extiende por toda España desde hace años

En los últimos años, los fraudes en el manejo de fondos públicos para formar parados o trabajadores en activo han sido numerosos y han salpicado a empresarios, sindicatos e incluso dirigentes políticos. Lo que sigue es una muestra de los casos más graves por los fondos defraudados.

- 'Caso Imefe'. El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (Imefe) de Madrid, dirigido por una concejal del PP, María Antonia Suárez, deberá devolver 5,5 millones de euros al Fondo Social Europeo por distintas irregularidades. Al menos 25 cursos a presos cobrados por una de las empresas colaboradoras del Imefe nunca se impartieron. El Gobierno municipal del PP se defendió así: 'Ha habido fraude, pero el dinero no ha financiado al PP'.

- Valencia. Las dos grandes patronales de Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepymev), ambas integradas en la patronal CEOE, tuvieron tres procesos abiertos por el supuesto uso irregular de algo más de un millón de euros (191 millones de pesetas) de subvenciones a la formación entre 1993 y 1995. El Tribunal de Cuentas se hizo eco del caso y redactó un informe demoledor donde se acusaba a las dos organizaciones empresariales de cobrar cursos inexistentes y duplicar las facturas para justificar los fondos públicos recibidos. La CEV formalizó en 2000 un aval por los casi 200 millones de pesetas.

- 'Caso patronal gallega'. La patronal gallega (CEG) desvió fondos públicos destinados a cursillos de formación para financiar sus congresos. Hace dos años se descubrió un 'desfase' de seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) en las cuentas de la organización. A raíz de ese hallazgo, salieron a la luz documentos de los que se deduce que la CEG usó dinero de los cursillos de formación de parados y trabajadores en activo para sufragar actividades de la organización.

- 'Caso Pallerols'. En marzo de 1999, dos profesores de las academias de Fidel Pallerols denunciaron una supuesta estafa con el uso indebido de fondos para la formación de parados en Cataluña (unos seis millones de euros). Este escándalo motivó el bloqueo temporal de los fondos comunitarios para formación de parados a Cataluña decretado por la comisaria europea de Asuntos Sociales, Anna Diamantopuolou. El sumario del caso Pallerols incluye vídeos y cintas de personajes relacionados con Unió Democràtica de Catalunya recibiendo dinero del empresario de las academias. Otras investigaciones pusieron sobre la mesa que dos fundaciones ligadas a Unió recibían fuertes asignaciones de fondos para formar parados.