UGT y CC OO reclaman a la SEPI que recupere ya el control de Babcock

UGT y CCOO, los dos principales sindicatos en Babcock Borsig España, la antigua Babcock & Wilcox, han pedido a la SEPI que recupere el control de la compañía. Ambas centrales, que están presentes en el Consejo de Administración, consideran que el futuro de la empresa está actualmente en peligro. El fabricante de bienes de equipo fue vendido a Borsig en octubre del pasado año y apenas nueve meses después esta empresa presentó la suspensión de pagos.

El administrador judicial de la suspensión de pagos tiene un compromiso verbal para incluir a la filial española en un proyecto de empresa de energía que salvaría lo salvable del grupo. Los sindicatos no se fían de esta propuesta.

Los dos principales sindicatos ven el futuro de Babcock Borsig España especialmente complicados. Ya no se fían del dueño alemán y ven que la empresa puede estar condenada al cierre apenas un año después de haber sido privatizada. Mientras la SEPI rechaza completamente hacerse cargo de la compañía, los trabajadores comprueban con inquietud cómo existen dificultades para firmar contratos en China porque no existe un avalista. Las entidades financieras no se atreven a arriesgar sus fondos.

Es cierto que actualmente la empresa tiene carga de trabajo, pero no es menos cierto que el departamento de I+D es una ilusión. La transferencia de tecnología, tan necesaria para competir en este sector, no llega. La firma alemana insiste a la SEPI en que esta se producirá si finalmente incluyen a la filial española en el nuevo grupo. En la reunión del pasado martes por la tarde la SEPI mostró a los sindicatos una carta de intenciones en la que se hacia ver la intención de que ésto fuera así.

En cualquier caso, la respuesta final se dará en los próximos quince días, según la SEPI. Este plazo, sin embargo, crea pocas esperanzas en los sindicatos, ya que antes del verano se dijo que para finales de agosto la decisión estaría tomada.

El acuerdo de privatización, por el que se mantuvieron 673 trabajadores, le costó al Estado 1.274 millones de euros. La cifra incluye las pérdidas de los últimos cinco años y las aportaciones directas a la privatización. Babcock Borsig adquirió el compromiso de mantener la plantilla cinco años, realizar transferencias de tecnología e invertir 135,23 millones en ese lustro

Los sindicatos le cuestionaron también el martes a la SEPI el nombramiento de Juan Miguel Romeo como consejero delegado. A este requerimiento la SEPI les contestó que el nombramiento de los ejecutivos era una prerrogativa del grupo alemán en la que no tenían nada que decir. Los sindicatos han sido especialmente críticos con la política de nombramientos y gestión desde la privatización. De hecho, nunca confiaron en el hoy ya dimitido vicepresidente, presidente in pectore y artifice de la venta, Carlos Vento. Además, las centrales se siguen negando a firmar las cuentas del pasado año.