El juez exige una fianza de 1,2 millones a los acusados de la tala de árboles en Baza

El Juzgado de Instrucción número 1 de Baza ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra los imputados en la tala masiva de árboles en el parque natural de la Sierra de Baza (Granada) a los que ha exigido una fianza conjunta de 1.204.690 euros (unos 200 millones de pesetas) que deben depositar en 24 horas bajo advertencia de embargo. El juzgado también ha declarado como responsables subsidiario a la Consejería de Medio Ambiente y a una empresa de muebles que adquirió la madera retirada.

Los acusados tienen que depositar la fianza o bien acreditar su insolvencia económica. En otro caso, el juzgado procederá al embargo de sus bienes. Los imputados son José María Irurita, ex director del parque natural; Rafael Salcedo, antiguo delegado de la Consejería de Medio Ambiente; Alejandro González Monclús, ingeniero jefe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y los madereros Juan Senés Torres y Juan Senés Pérez. El dinero de la fianza equivale al coste de la madera, el perjuicio ambiental y a los gastos ocasionados por la limpieza de los parajes del monte. Todos los imputados serán juzgados en la Audiencia Provincial de Granada.

Según el relato del fiscal, los madereros, propietarios de la firma Muebles Senés Torres, urdieron junto con el director del parque un plan para extraer madera 'con la finalidad de obtener un beneficio propio, sin importarles el perjuicio ecológico del hábitat natural y de la riqueza paisajística'.

Con el pretexto de que existía una autorización de Medio Ambiente para que los madereros retiraran maderas y leñas del parque para prevenir hipotéticos incendios, el director, 'sin observancia de la reglamentación legal', concedió a la familia Senés permiso para retirar 'madera muerta o deteriorada'.

Sin embargo, durante los meses de mayo a noviembre de 1998, se cortó a mata rasa y de forma indiscriminada un número de árboles nunca inferior a los 12.934 ejemplares, algunos de una edad superior a los 25 años. La Fiscalía calcula que el 56% de los árboles talados estaban sanos, aunque en determinadas zonas el porcentaje de ejemplares en buen estado era de un 88%.

El atentado se desarrolló, según el escrito de acusación del ministerio público, con 'la pasividad y aquiescencia omisiva' del delegado de Medio Ambiente quien 'no sólo no hizo nada sino que al menos con negligencia injustificable asumió los hechos'. El responsable de la confederación también 'omitió imprudentemente cualquier actuación'.