Intimidación escolar

Los hechos recientes sobre la intimidación por parte de los servicios de inspección a un profesor de Málaga que se atrevió, haciendo uso de derechos fundamentales, a disentir de las opiniones emitidas por Pilar Ballarín, directora general de Planificación Educativa de la Junta, no constituyen hechos aislados.

Durante el curso, en el Instituto Provincial de Formación de Adultos de Sevilla hemos recibido reiteradas visitas de dos inspectores, dentro de un programa de evaluación del centro que, por la forma de llevarlas a cabo, ha creado un clima de preocupación y de incertidumbre que han afectado al normal desarrollo de las tareas educativas, han podido incidir en la dimisión del equipo directivo y la apertura de un expediente disciplinario a un profesor, cuya única falta ha sido responder a un escrito de un inspector en términos 'no políticamente correctos'.

La comunidad educativa andaluza está enormemente preocupada por estas medidas intimidatorias tendentes a recortar la libertad de expresión.

Hacemos un llamamiento a todos los profesionales de la enseñanza para que denuncien públicamente cualquier intento, venga de donde venga, de mermar nuestro derecho a la libertad de expresión. En estos momentos en los que los derechos fundamentales están siendo cuestionados, necesitamos de la solidaridad de todos para que el expediente incoado a nuestro compañero sea sobreseído, para frenar de inmediato cualquier intento intimidatorio por parte de la Administración educativa, que cree malestar individual o colectivamente en los centros de enseñanza.

No podemos consentir que la inspección educativa sea enviada a los centros de enseñanza para 'castigar' a los que discrepan de una determinada política educativa, como ha ocurrido con el profesor citado o a los que, como en el nuestro, en Sevilla, se atreven a cuestionar estas actuaciones de la inspección que en nada benefician al normal desarrollo de las actividades.