Un juez retoma el caso contra el ex director del aeropuerto

Un juez ha retomado la investigación penal contra el anterior director del aeropuerto de Loiu Segismundo López-Santacruz, acusado por la Fiscalía de presunta estafa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.

Las diligencias, iniciadas hace un año, han estado paradas desde abril por el cambio de magistrado en el juzgado bilbaíno encargado del caso. López-Santacruz, que fue director del aeropuerto vizcaíno entre 1997 y 2001, está imputado por graves anomalías en su gestión, como adjudicacines de obras a dedo, liquidaciones de trabajos no realizados o el pago a su madre del alquiler de la vivienda que le sufragaba AENA (el ente público que gestiona los aeropuertos). El ex director fue condenado en febrero por un juzgado laboral, que sentenció la comisión de medio centenar de irregularidades, aceptaba el despido decretado por AENA y concluía que, al partir del 'encargado de velar por la buena gestión en la contratación', supone que sea 'más grave la infracción y más reprochable la conducta'.

La investigación penal fue ordenada hace un año por la fiscal jefe del País Vasco, María Ángeles Montes, quien vio indicios de delito en el alquiler de la vivienda a su madre con alteraciones de su nombre para 'ocultar a AENA esa contratación prohibida y lucrarse con el importe del alquiler' y el cargo a la empresa de los gastos generales y de un garaje también propiedad de su madre.

La fiscalía considera que López-Santacruz realizó contrataciones de obras y servicios 'con claro ánimo de lucrarse' sin cumplir las normas de actuación 'de las que tenía perfecto conocimiento y por lo que indiciariamente debe extenderse recibía ciertas contraprestaciones económicas de personas beneficiarias de ella'.

Adjudicaciones 'a dedo'

La fiscal detalla la existencia de 'numerosas adjudicaciones' de forma directa y sin informes técnicos o económicos; 'defectos generalizados' en la certificación de obras al efectuarse 'numerosas liquidaciones por importe próximo al 10% contratado', y el fraccionamiento de expedientes para 'eludir los límites de contratación centralizada' previstos en AENA. El escrito, ahora conocido en su integridad, agrega que ello benefició 'fundamentalmente' a las empresas Otaduy y Larrañeta, propiedad del mismo constructor, 'a los que ha adjudicado entre 1998 y 2000 31 otras por importe de 1.400 millones [8,4 millones de euros]' y aprobó tres expedientes de explotación comercial -una librería, una farmacia y una tienda de deportes- 'a una empresa del mismo grupo Otaduy, denominada Aero Press, creada expresamente para ello basándose en informes técnicos cuestionables'.

La fiscal jefe pidió la toma de declaración al ex director y una decena de testigos, como su madre, altos cargos del aeropuerto, los auditores o los representantes de las dos constructoras. El anterior juez encargado del caso escuchó a López-Santacruz y la mayoría de ellos. Ahora el nuevo magistrado terminará la toma de declaraciones, prevista para las próximas semanas, según fuentes judiciales, y luego deberá decidir si practica nuevas diligencias.