El jurado del 'caso Andersen' se declara incapaz de dictar un veredicto

El jurado que debe decidir sobre si Andersen destruyó documentos con ánimo de obstaculizar las investigaciones sobre la contabilidad de Enron, protagonista de la mayor suspensión de pagos de la historia, no consigue ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad o inocencia de la auditora. El empantanamiento constituye, por ahora, un triunfo para Andersen, que acudió a juicio con el reconocimiento previo de culpabilidad del responsable de la auditoría.

Tras siete días y casi 60 horas de debate a puerta cerrada en un hotel de Houston, los nueve hombres y tres mujeres del jurado se presentaron el miércoles por la tarde ante la juez Melinda Harmon con un mensaje: 'No somos capaces de alcanzar una decisión unánime'. Para deshacer el nudo gordiano de la indecisión, Harmon recurrió a la carga Allen, una estratagema judicial aplicada por primera vez en 1896 que insta al jurado a intentarlo con más vigor dada la trascendencia del caso, el tiempo y el dinero invertido y la alta calidad del propio jurado.

Estudios del sistema judicial de Estados Unidos señalan que la carga Allen es efectiva, y que tras su aplicación los jurados suelen alcanzar con rapidez un veredicto o ratificar la imposibilidad de un acuerdo. Un abogado observador del caso pronosticaba que no más tarde de hoy habrá pronunciamiento en un sentido u otro. La culpabilidad o la absolución de Andersen ha de decidirse por unanimidad. En caso de mantenerse la división de opiniones, acusado y fiscal pueden llegar a un acuerdo u optar por un nuevo juicio.

El jurado debe decidir si alguien de Andersen -ya fuera el director de la auditoría en la sede de Enron, alguna persona en la central de Chicago o algún otro responsable- ordenó destruir documentos con vistas a dificultar la investigación sobre las cuentas de la compañía tejana. A ese caso, según orden de la juez, corresponde un veredicto de culpabilidad.

La fiscalía acudió a juicio con un as: David Duncan, el responsable de la auditoría, había confesado en abril que eliminó documentos 'para impedir que estuvieran disponibles' para los investigadores.

Parecía un caso meridianamente claro para el Gobierno, que en marzo había acusado a Andersen de destruir toneladas de documentos. En el juicio, Duncan estuvo más matizado. Dijo que destruyó documentos, pero que no eran trascendentes y que, además, había copia de todo. Dadas las condiciones de partida, si se confirma el punto muerto será un éxito para Andersen, que ha mantenido desde el principio que no hubo obstaculización de la justicia. En caso de que deba iniciarse un nuevo proceso, ello implicaría un triunfo moral para la auditora, aunque llegaría tarde para salvar el negocio: al menos 700 importantes clientes de todo el mundo han abandonado la compañía en los últimos meses.