Mensaje contradictorio

Con su intento de personarse -en el ejercicio de la acción popular- en la causa por las cuentas del antiguo Banco Bilbao Vizcaya (BBV) en paraísos fiscales, el Partido Popular retoma una práctica que se creía superada en la política española: la utilización de la justicia como arma de desgaste político en las pugnas entre partidos. Incluso seis años después de alcanzar el poder, el PP sigue obsesionado por hurgar en el pasado de los Gobiernos socialistas -ejerciendo un extraño e insólito papel de opositor de la oposición-, sin importarle para ello reavivar el denostado fenómeno de la politización de la justicia y la judicialización de la política que tan grave daño causó a la justicia y a la política hace algunos años.

El partido del Gobierno pretende sacar una vez más los colores al PSOE por escándalos pasados, unos ya juzgados y otros en vías de serlo -caso Filesa y pagos de comisiones por contratos para la Expo 92 y la construcción del AVE-, e intenta hacerlo con la pirueta jurídica de mezclar aquellos hechos con los que se investigan en el caso de las cuentas secretas del BBV tomando como pretexto que todo discurrió a través de la oficina del BBV Privanza Jersey. La decisión no sólo politiza a la justicia -además de distraerla de la investigación del asunto central-, sino que contradice las razones que esgrimió el PP para rechazar la creación de una comisión parlamentaria de investigación: que se trataba de un asunto privado ceñido a comportamientos estrictamente personales. Ahora resulta que existen hechos que el PP pretende conectar judicialmente con el caso BBV que nada tienen de privados. Según el Partido Popular, 'han contribuido a deteriorar, ante los ciudadanos e instituciones del Estado, la fiabilidad y confianza en el sistema bancario en particular y financiero en general' y han podido favorecer 'a una formación política determinada', en inequívoca alusión a los socialistas.

Si el asunto es tan grave y existen indicios de corrupción política, ¿a qué espera el PP para proponer que los investigue el Parlamento y adopte las medidas legales y políticas que devuelvan la confianza en las instituciones bancarias y financieras? Es una tarea que habría que acometer con urgencia -y no en un juzgado, sino en el Parlamento- si el crédito del sistema bancario y financiero ha resultado tan dañado como dice el PP, salvo que su objetivo no sea otro -incluso a costa de ser incongruente y de debilitar la imagen del sistema bancario y financiero español- que seguir arañando réditos electorales del pasado gubernamental del principal partido de la oposición. Ésta no es una forma de actuar acorde con la responsabilidad propia de un partido de gobierno.