Los 'okupas' se niegan a dejar Can Masdeu si Sant Pau no retira la denuncia

Can Masdeu volvió ayer a la normalidad. Con una manifiesta sensación de victoria, los ocupantes de la masía del barrio de Canyelles de Barcelona volvieron a la actividad cotidiana tras la retirada de la orden de desalojo por parte del juez. La suspensión acabó el pasado jueves con la protesta de seis okupas, que aguantaron durante tres días amarrados a la fachada de la casa, pero no ha solucionado la cuestión de fondo: la denuncia presentada contra los jóvenes por la Fundación Hospital de Sant Pau, propietaria de la finca, por usurpación.

Los okupas se niegan a abandonar la casa y quieren convertirla en un centro social. Pero ayer aseguraron que no aceptarán dialogar sobre su futuro con ninguna Administración si la fundación no retira la denuncia. Los portavoces de Can Masdeu criticaron duramente la oferta mediadora del Ayuntamiento de Barcelona, miembro del patronato de la fundación junto a la Generalitat y el Obispado de Barcelona. 'El Ayuntamiento dice que ha ejercido de mediador cuando ha hecho un doble juego como parte de la propiedad', dijo uno de los portavoces.

También cuestionaron los okupas el proyecto presentado el jueves por el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Xavier Casas, sobre la zona que rodea la antigua masía. Casas explicó que una parte del torrente de Can Masdeu se convertirá en un nuevo acceso al parque de Collserola y el resto se venderá a un operador privado para construir un equipamiento sociosanitario.

El Colegio de Médicos de Barcelona reconoció ayer que negocia la compra de la finca con la Fundación Hospital de Sant Pau para convertirla en una residencia. Los okupas tildaron la operación de 'mercantilista, especulativa y elitista' y pidieron que el futuro de Can Masdeu se consensue con los ciudadanos y, específicamente, con los vecinos del barrio de Canyelles. 'Esta casa fue una donación a la fundación del hospital destinada al uso público de los ciudadanos', argumentaron.

Los presidentes de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Nou Barris, Albert Recio, y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, Manel Andreu, mostraron su pleno apoyo a los jóvenes. Sin embargo, Andreu aclaró que 'el Ayuntamiento no es la única Administración sobre la que hay que cargar las tintas' y pidió a la Generalitat y a la Iglesia que asuman su responsabilidad como propietarios.

Por otra parte, los 11 jóvenes que se amarraron a la fachada del edificio para evitar ser desalojados anunciaron que ampliarán a 'torturas y daños' la denuncia presentada, debido al trato 'degradante y continuado' recibido por la policía durante la protesta y por los daños que los agentes causaron en la casa y en las pertenencias de sus habitantes. El abogado de los okupas, Jaume Asens, declaró: 'Cuando el juez admitió los argumentos de la defensa sobre el peligro de las personas que se encontraban colgadas, admitió también que se vulneraron sus derechos para doblegarlas'. 'Este trato no es admisible', agregó.