Las autonomías rechazan el arranque de viñedos ilegales

Las comunidades autónomas no procederán al arranque de los viñedos plantados ilegalmente a partir del mes de septiembre de 1998 y que se debería eliminar de acuerdo con la actual Organización Común de Mercado para ese sector. Aunque las competencias en la materia corresponden a los Gobiernos regionales, en medios del sector se estima imposible la aplicación de esa medida.

El sector reclama una política nacional en esta materia para evitar agravios comparativos entre los viticultores. Nadie quiere proceder al arranque de un viñedo en una comunidad autónoma mientras no se adopte la misma medida en el resto.

Según fuentes de la producción, se estima que los viñedos ilegales podrían suponer el 10% de las superficies. La producción de estas explotaciones estaría contribuyendo a incrementar los excedentes en el sector y, con ello, a la caída de los precios para el conjunto de los viticultores.

España dispone en la actualidad de 1,14 millones de hectáreas de viñedos de las que casi la mitad se hallan en Castilla-La Mancha. La reforma de la Política Agrícola Común en 1999 en el marco de la Agenda 2000 supuso la aprobación de la OCM para el sector del vino, así como una serie de medidas para regularizar las superficies de cultivo. Para atender a la demanda de nuevas plantaciones, Bruselas autorizó a España 17.500 nuevas hectáreas de viñedo a la vez que se fijaban unos plazos para regularizar las viñas plantadas ilegalmente antes de septiembre de 1998. Estas superficies se han podido regularizar hasta el pasado 30 de marzo bien justificando derechos anteriores o con la compra de nuevos derechos. Los viñedos que no se hayan regularizado, así como todas las superficies plantadas a partir de septiembre de 1998, deberían arrancarse por los servicios correspondientes de las comunidades autónomas.

Decisiones judiciales

Las experiencias en esta dirección en los últimos años, incluso con decisiones judiciales en la mano en el marco de algunos consejos reguladores, es que existe un rechazo general y una oposición total en el campo a que se arranque por la fuerza una sola cepa. Para el Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas, y muy especialmente Castilla-La Mancha, donde existen las mayores superficies, deberían proceder a cumplir la normativa en vigor y comenzar el arranque de las explotaciones plantadas ilegalmente.

Frente a esta posición de la Administración central, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, considera que los arranques no son la solución y estima que se deben buscar otras vías a escala nacional y con aplicación uniforme en todo el sector.

Alejandro Alonso recuerda al ministro Miguel Arias Cañete que Castilla-La Mancha ha sido la única comunidad autónoma donde se exige al agricultor una declaración de cosecha por parcela para llevar un control, aunque no lo demanda la normativa nacional. Señala igualmente ser la única autonomía donde en los últimos años no se repartieron nuevos derechos de plantación y se optó por utilizar los mismos para regularizar viñedos.