La Junta atribuye los malos olores de la depuradora del Guadalhorce a la mala gestión del Ayuntamiento

La Junta de Andalucía anunció ayer que va a solicitar una auditoría externa sobre la gestión que el Ayuntamiento realiza de la depuradora del Guadalhorce, en la próxima reunión de la comisión de seguimiento del convenio en materia de depuración de aguas entre ambas instituciones. El delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, Luciano Alonso, y el delegado de Obras Públicas, Enrique Salvo, expresaron 'serias dudas' sobre la correcta gestión que la empresa de aguas Emasa esté haciendo de esta instalación inaugurada en 1999 y que ha producido sistemáticamente malos olores en la zona de la desembocadura del Guadalhorce. 'Si la gestión de Emasa no es buena, que cambie', afirmó Alonso.

La concejal de Medio Ambiente de Málaga, Carolina España, calificó la iniciativa de la Junta de 'impresentable'. La concejal agregó que sería partidaria de una auditoría global que incluyera los defectos de construcción de la planta, 'que son bastantes y se traducen en malos olores'. España añadió que para paliar los problemas de los olores, en abril de 2000 ambas administraciones acordaron instalar un sistema de secado de lodos térmico, que construiría la Junta, y otro mecánico, que correría por cuenta del Ayuntamiento. 'Éste último se adjudicará en mayo mientras que la Junta ni siquiera tiene consignada la inversión en sus presupuestos', declaró la concejal. Salvo dijo ayer que la Junta ya ha encargado el proyecto para la planta de secado térmico de los lodos.

La depuradora del Guadalhorce le costó a la Junta 6.300 millones de pesetas. Alonso subrayó ayer que 'el convenio de 1991 comprometía a ambas partes a la mitad de la aportación económica'. Según la Junta el Ayuntamiento sólo ha invertido 1.800 millones se pesetas. Salvo añadió que 'los 4.500 millones de pesetas de desfase podría destinarlos el municipio al cubrimiento de la planta', uno de las soluciones que se apuntan como más seguras para la eliminación de malos olores. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se aduce que hubo un acuerdo plenario de 29 de junio de 2001, en el que por unanimidad, incluidos los votos del PSOE, se solicitó a la Junta que participara en el cubrimiento de la depuradora. En la propuesta se cifraba en 1.500 millones el coste de la obra y se fijaba el verano de 2002 como fecha de terminación.

Las críticas de los delegados de la Junta al Ayuntamiento por la gestión de la depuradora no se limitan a los olores. Salvo afirmó ayer que el año pasado 'durante tres meses' hubo vertidos al mar de agua contaminada o 'no suficientemente depurada'. En lo que va de año se han producido cinco episodios de vertidos al mar de aguas no depuradas, según la Delegación de Medio Ambiente de la Junta.