El Gobierno recurre ante el Constitucional el impuesto sobre depósitos bancarios de la Junta de Extremadura

El Consejo de Ministros decidió ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma de la Junta de Extremadura que a partir del 1 de enero de este año estableció un impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. La impugnación está basada en la 'potestad del Estado de establecer tributos' y en las 'lógicas limitaciones' de las comunidades autónomas al respecto, además de en 'la vulneración' de varios artículos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, según se expresa en la referencia oficial del Consejo de Ministros.

También se ha decidido recurrir la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura respecto del régimen de propiedad del suelo urbano, valoración del suelo y expropiación forzosa.

'No es ninguna sorpresa, y el Tribunal Constitucional terminará dándonos la razón', dijo ayer el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Manuel Amigo, en relación al recurso contra el impuesto a los bancos. 'Es consecuencia de una política de derecha, la que han querido los españoles, y recordemos que el PP siempre se pone al lado del poderoso, en este caso las entidades bancarias, y en contra de los más débiles, los extremeños', añadió Amigo.

Que el ahorro que generan los extremeños se invierta en la región: sobre esta premisa se mueve la Ley del Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito. Éste es un texto legal que fue aprobado a finales del pasado año con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida. El Ejecutivo que preside el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra espera recaudar con este impuesto más de 36 millones de euros, dinero que se destinaría a propiciar el desarrollo de Extremadura.

Según el texto aprobado en el Parlamento extremeño, todas las entidades de ahorro ( bancos, cajas y cooperativas de crédito) tendrán que realizar, al finalizar cada ejercicio, una declaración de los depósitos captados en Extremadura. A partir de esos datos, el Gobierno extremeño les aplicará un gravamen entre el 0,3% y el 0,5% sobre dichos depositos.