El 66% de los discapacitados de Europa no pasa de la educación obligatoria

Un 66% de los discapacitados europeos no pasa de la educación obligatoria y menos del 10% llega a la Universidad, señaló ayer Anna Diamandópulu, comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, al presentar en Madrid, con el ministro español de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, el I Congreso Europeo sobre las Personas con Discapacidad, que se clausura el sábado organizado por el ministerio, la Fundación Luis Vives y la ONCE, y apoyado por el Foro Europeo de Discapacidad.

La Europa sin fronteras sigue poniendo demasiadas barreras urbanísticas y laborales a los discapacitados. La lentitud de trasposición de directivas comunitarias (España no ha traspuesto aún aquellas cuyo plazo acaba en 2003) a las leyes nacionales perpetúa esa situación. Diamandópulu citó la directiva sobre No Discriminación o Igualdad de Trato, de noviembre de 2000, que debe ser adaptada antes de noviembre de 2003, Año Europeo de las Personas con Discapacidad.

'El retraso es preocupante, porque la trasposición tendría que ir por ley, con todos los trámites parlamentarios', dice Luis Cayo, director técnico del Comité Español de Representantes de Minusválidos, que une a las principales organizaciones de discapacidad. 'El problema es que compete a Trabajo, pero sobre todo a Justicia, porque implica alterar el llamado régimen general de prueba: si hasta esa directiva era el discapacitado quien tenía que demostrar la discriminación en el trabajo, ahora será el empresario quien deba probar la igualdad'.

37 millones

Según estadísticas de Eurostat, hay 37 millones de europeos con alguna discapacidad (14,5%: un 10% con discapacidad moderada y un 4,5% con discapacidad severa). Los índices de paro entre ellos se duplican en comparación con la media comunitaria: trabaja el 46% de discapacitados moderados y sólo el 24% de severos.

En España hay 3,5 millones (9% de la población): un 58% mujeres, y un 70% personas mayores de 65 años. Las principales discapacidades son en España osteoarticulares (32,8%), mentales (16,7%), auditivas (16,2%) y visuales (15,2%). En lo laboral, desde 1982, la ley española de Integración Social de Minusválidos (LISMI) prevé que las administraciones públicas reserven un 3% de sus puestos a discapacitados, y un 2% las empresas de más de 50 trabajadores. Ya en 1970 hubo un decreto que hablaba del 2% en las empresas. 'Los Centros Especiales de Empleo, para personas con importantes dificultades, han creado 31.000 puestos, pero históricamente el incumplimiento de lo previsto en la LISMI es sistemático', dice Cayo. 'Se reserva ese porcentaje en las convocatorias de las administraciones públicas, pero no hay datos reales de cuántos discapacitados entran'. El Consejo Económico y Social de 1995 cifraba la incorporación en un 0,6% en los puestos públicos y un 0,5% en los privados.