La Comisión de la Energía abre expediente de sanción a la filial de Enron en España

La Comisión Nacional de la Energía (CNE), a instancias del Ministerio de Economía y de la Compañía Operadora del Mercado de Electricidad (Omel), ha decidido abrir un expediente sancionador por infracción 'grave o muy grave' a la filial de la compañía estadounidense Enron que actúa en España como intermediaria en la compraventa de electricidad.

El motivo del expediente, según fuentes de la CNE, es que la compañía comercializadora de electricidad -una de las más de 50 que operan en España-, no atendió en su día el requerimiento de nuevos avales para respaldar su actividad que le hizo Omel (la empresa que dirige el mercado libre de energía) a raíz de la quiebra de su sociedad matriz.

Tres millones de euros

La sanción, si el expediente iniciado se cierra en contra de la empresa, puede oscilar entre 601.000 y tres millones de euros (entre 100 y 500 millones de pesetas). El expediente, aclararon fuentes de la Comisión de la Energía, no afecta a las otras actividades que Enron lleva a cabo en España, como el proyecto de construcción de una central eléctrica en Cádiz, ya que dichas actividades las desarrolla otra filial.

Omel suspendió la actividad de comercialización de Enron en España tras el colapso, hace un mes, de la sociedad matriz y exigió a la compañía nuevos avales que aseguraran el pago a sus proveedores de electricidad. Enron no presentó esos nuevos avales y dejó de cumplir sus compromisos de suministro de energía a alrededor de 300 clientes cualificados en España (clientes cualificados son aquellos que están autorizados a contratar directamente con las empresas y que justifican un consumo superior a los 1.000 voltios). Por ello, el Ministerio de Economía y Omel informaron a la CNE e impulsaron la apertura del expediente sancionador. Éste será instruido por un funcionario de la Comisión Nacional de la Energía.

En España, más de 50 sociedades, entre ellas las filiales de las cuatro grandes compañías, están autorizadas para comercializar electricidad en el mercado libre. Para ello, compran energía a las compañías generadoras y la venden a los clientes con los que han firmado un contrato. Para desarrollar su actividad, estas empresas están obligadas a depositar avales por un importe equivalente a tres meses de sus compras.