Zaplana prepara una ley para dar heroína bajo control médico a los toxicómanos

La Generalitat valenciana, que preside Eduardo Zaplana, del PP, prepara una ley que permitirá administrar heroína a los toxicómanos. El texto de la Consejería de Bienestar Social, que cuenta con el apoyo de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, abrirá las puertas de la dispensación controlada de esta sustancia siempre que 'exista una garantía de beneficio terapéutico' avalada por autoridades sanitarias internacionales. El programa tomará en cuenta los resultados de los ensayos con heroína que se van a desarrollar en Andalucía y Cataluña.

La Consejería de Bienestar Social tiene previsto incluir esta medida en el anteproyecto que reformará la actual Ley de Drogodependencias de la Comunidad Valenciana, el primer texto social que aprobó el PP en 1997. El consejero de este departamento, el ex socialista Rafael Blasco, anunció ayer a este diario que, una vez se apruebe la ley, la administración controlada de heroína entrará en vigor siempre que se cumplan tres condiciones. Que exista 'evidencia científica de la utilidad terapéutica' de la heroína en los enfermos, que estos avales los sostengan organismos internacionales y que los resultados de estos estudios se basen en ensayos clínicos realizados en España.

De esta forma, según el consejero, en la Comunidad Valenciana no haría falta comenzar a andar el camino desde el principio, como está haciendo Andalucía o Cataluña a través de ensayos clínicos. Para Blasco, una vez demostrado el éxito de estas experiencias se podría comenzar por un nivel superior: directamente el tratamiento con heroína. 'Si en dos meses el Gobierno valenciano aprueba la ley y los ensayos clínicos que están desarrollándose demuestran su eficacia' la medida entraría en funcionamiento 'de forma inmediata', aseveró Blasco. De momento, el anteproyecto no está elaborado, aunque la redacción inicial recoge el 'compromiso de fomentar los tratamientos con agonistas -opioides entre las que se encuentra la metadona- siempre que se exija el estricto cumplimiento de la normativa científica como fase previa a la dispensación de la heroína, entre otros fármacos'.

El suministro controlado de la droga no contravendría ninguna normativa estatal, a juicio del responsable de la política social de la Generalitat. Blasco recordó que Bienestar Social administra metadona a unos 7.000 pacientes en toda la autonomía, y que la opción de dispensación de heroína no sería más que hacer uso de las competencias sociosanitarias que corresponden al Ejecutivo valenciano. Sin embargo, la portavoz de servicios sociales del PSOE-PSPV en las Cortes Valencianas, Nuria Espí no lo ve tan claro. Para esta diputada socialista, la apuesta del Gobierno valenciano choca frontalmente con las leyes que regulan los tratamientos con opiáceos. Espí recordó ayer que la administración de metadona está avalada por dos reales decretos de 1995 y 1996, que autorizan el consumo de esta sustancia y el de bupreformnina, un opiáceo sintético. Por otra parte, 'existen protocolos internacionales que regulan la distribución de heroína' que esta ley debería respetar a falta de una estatal. A ello se suma que, en opinión de la diputada, sería necesaria una modificación del Código Penal para aplicar esta opción terapéutica. Espí retó a Zaplana a que proponga en el Congreso del PP medidas para 'legalizar la distribución de heroína'.

Las manifestaciones de Blasco están en la misma línea de las lanzadas ayer por la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas -anterior consejera de Bienestar Social-, quien se mostró partidaria del 'uso terapéutico de la heroína cuando esté demostrado que es beneficioso para el enfermo'. Mas se suma a la opinión del fiscal especial antidroga de Valencia, Luis Sanz, quien recientemente apeló a medidas nuevas, entre ellas la distribución controlada de heroína. Todas estas manifestaciones se producen en plena polémica por las quejas vecinales ante la falta de control en la venta de estupefacientes en una zona de huerta de las afueras de la ciudad de Valencia.

Rafael Blasco -que fue consejero de Obras Públicas en el Gobierno socialista de Joan Lerma-, es la cara progresista del Gobierno popular valenciano que preside Eduardo Zaplana. Fue Blasco el artífice de la ley de parejas de hecho, la primera de un Ejecutivo popular, que enfrentó a la Generalitat con el arzobispado de Valencia y los sectores más reaccionarios de su propio partido; y ahora de esta medida que se anuncia un día antes del comienzo del congreso nacional del Partido Popular que hoy comienza en Madrid. Zaplana, presidente de la reunión, ya ha querido subrayar la impronta centrista de las propuestas lanzadas desde el PP valenciano con las enmiendas dirigidas a abrir el debate sobre la investigación médica relacionada con el uso de embriones.