PSOE e IU rechazan la actitud 'servil' y 'arbitraria' de Cardenal en el 'caso Piqué'

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, defendió ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso que el traslado forzoso del fiscal encargado del caso Piqué, Bartolomé Vargas, fue un mero 'cambio de pupitre o de mesa', ya que sigue adscrito al Tribunal Supremo aunque se le haya retirado de la causa y se le haya trasladado de despacho, de sección y hasta de edificio. Los portavoces del PSOE e IU tildaron la gestión de Cardenal de 'servil' y 'arbitraria', más propia de una dictadura que de un Estado de derecho, y le pidieron que, 'por dignidad', dimita o abandone el cargo.

Cardenal se parapetó tras el principio de jerarquía de la carrera fiscal para tratar de justificar la legalidad del traslado del fiscal Bartolomé Vargas, después de que éste propusiese interrogar como imputado al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, sobre la desaparición de 18.000 millones de pesetas en la venta de la petrolera Ertoil por la sociedad Ercros, de la que Piqué fue consejero.

Cardenal explicó que cuando el caso Ercros llegó por segunda vez al Supremo, 'se toleró' que Vargas volviese a hacerse cargo de la causa, aunque el informe que hizo -respaldado por 10 de los 12 fiscales de su sección- 'no fue convincente'. Por eso, convocó a la junta de fiscales de Sala del Supremo, que por 13 a 2 votaron a favor del criterio del jefe de Vargas, José Aranda, de no imputar a Piqué.

Los portavoces del PSOE en la comisión, Diego López Garrido y Javier Barrero, incidieron en el traslado forzoso de Vargas, que calificaron de 'represalia', 'sanción encubierta' y 'aviso a navegantes para el fiscal que trate de imputar a un miembro del Gobierno'.

López Garrido criticó la 'insólita' orden de Cardenal al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, para que le consulte 'hasta el más nimio detalle' del caso Ercros, 'algo que raya en la humillación' de de esa fiscalía'. Sobre el 'tratamiento despótico' a Vargas, recordó a Cardenal que además del principio de jerarquía, las actuaciones del ministerio fiscal 'se basan esencialmente en los principios de imparcialidad y legalidad, incumplidos de forma clamorosa por el fiscal del Estado'.

Javier Barrero acusó a Cardenal de buscar la impunidad e un miembro del Gobierno relevando a un fiscal 'molesto, que conocía el asunto'. 'Nos preocupa profundamente la amenaza para el resto de la carrera fiscal'. Barrero no pidió la dimisión de Cardenal 'para no fortalecerle', pero apeló a su dignidad 'para que se marche de la fiscalía'.

Luis Carlos Rejón, de IU, aseguró que Cardenal también había frenado la investigación del caso Mapau, una supuesta compra de votos por el PP balear que afectaría al ministro Jaume Matas, y le expresó su 'indignación' por el caso Piqué: 'Usted usa la fiscalía para la protección de los intereses jurídicos de un ministro implicado en una trama de corrupción económica'. Rejón pidió directamente la dimisión de Cardenal.

Margarita Uría, del PNV, expresó su sospecha de que 'Cardenal juega de líbero' cuando se trata de supuestos que afectan al Gobierno, dando 'sobreprotección y tutela' a los ministros que tienen problemas con la justicia. Manuel Silva, por CiU, apoyó una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y propuso 'que se trate al resto de los ciudadanos como al ministro Piqué'.

Luis Mardones y Andrés Ollero, de Coalición Canaria y el PP, respectivamente, respaldaron plenamente la actuación de Cardenal.

Cardenal reiteró que no hubo traslado de Vargas 'en ningún sentido' y que su 'cambio' de sección se hizo para evitar que Vargas y su jefe, José Aranda, dadas sus desavenencias sobre el caso Piqué, tuvieran que verse todos los días. Negó que hubiera tratado de 'degradar' a Vargas cuando lo que hubo fue 'un cambio de silla y de mesa'. Sobre las acusaciones de proteger a miembros del Ejecutivo, dijo que se trataba de 'una imputación gratuita'.