La UGT emprende una iniciativa legislativa popular contra la precariedad y los accidentes laborales

La UGT emprendió ayer una iniciativa legislativa popular (ILP) con el objetivo de que el Parlamento inste al Gobierno a que adopte medidas en contra de la precariedad y de los accidentes laborales. El sindicato dio el primer paso en una reunión de su secretario general, Cándido Méndez, con la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, para comunicarle el inicio del proceso.

Ahora la central sindical dispone de un plazo de seis meses para recoger entre los ciudadanos un mínimo de 500.000 firmas válidas. Paralelamente, la dirección de la central se reunirá con los partidos para recabar su apoyo una vez la ILP se formalice en el Parlamento.

El objetivo de Cándido Méndez es 'desarrollar un proceso para persuadir a los partidos, incluido el PP, de que este debate sigue vigente, que si son sinceras las manifestaciones del PP en el sentido de acabar con los accidentes laborales tiene que aceptar que hay que hacer una reconsideración general'. A su juicio, la siniestralidad y la precariedad son los principales problemas del país junto con el paro. Los datos oficiales reflejan que el 33% de los asalariados tiene contrato temporal, y el sindicato asegura que esa inestabilidad en el puesto de trabajo es la principal causa de que España tenga los datos más elevados en accidentes laborales de la Unión Europea. UGT pide para los sectores con más accidentes la jornada labroal de 35 horas semanales.

Construcción y metal están entre los sectores de mayor riesgo. En el primer semestre, los accidentes han crecido un 5,81% y un 0,37%, respectivamente, y han causado un total de 171 muertos, según datos de UGT. Durante todo el año pasado, los fallecidos en esos sectores fueron 364 del total de 2.000 muertes que se registraron dentro de la actividad laboral.

Méndez mostró ayer su convencimiento de que 'la precariedad laboral es el núcleo negro sobre el que se asientan los accidentes laborales. Hasta que no se resuelva el problema de la precariedad ni la buena Ley de Prevención ni las instrucciones de la fiscalía ni la coordinación entre las autonomías ni la labor profesional acertada de la Inspección de Trabajo va a ser suficiente para resolver ese problema'.