La fiscalía abre diligencias contra las obras de ampliación de Barajas

Las obras de ampliación del aeropuerto de Barajas se han topado con la vía judicial. La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto diligencias contra el inicio de las obras de la nueva terminal, según explicó ayer Carlos Carrasco, abogado de la Asociación Contra el Ruido de la Ciudad Santo Domingo, urbanización cercana al aeródromo madrileño. Esta asociación es la autora de la denuncia que ha dado lugar a la intervención de la Fiscalía. Carrasco asegura en la denuncia que AENA ha proyectado una nueva terminal dentro de las obras de ampliación 'sin la necesaria y preceptiva declaración de impacto ambiental'.

AENA negó ayer que el inicio de las obras incurra en ilegalidad alguna y afirma que la declaración de impacto que se firmó con motivo de la construcción de una nueva pista en 1996 incluía el permiso para levantar un nuevo edificio para pasajeros. Además, según AENA, el Real Decreto 9/2000 da cobertura a posibles modificaciones arquitectónicas sobre el proyecto inicial, que ya incluía la construcción de la citada terminal. El nuevo proyecto, el que está siendo investigado por la Fiscalía, incluye no una sino dos edificaciones, la citada terminal y otro edificio que servirá para que atraquen los aviones y que se denominará satélite. 'Antes de ampliar las obras, evaluamos la situación y se concluyó que las varaciones introducidas en el proyecto no requieren de un nueva declaración de impacto', informaron fuentes de AENA.

Pero la denuncia que estudia la Fiscalía rechaza estas afirmaciones, porque, recuerda Carrasco, el proyecto que se autorizó en 1996 tenía 140.000 metros cuadrados -ahora superará los 470.000- y se ha movido 300 metros del lugar donde inicialmente fue proyectado. AENA tuvo que cambiar de emplazamiento la terminal cuando descubrió que los técnicos la habían diseñado al final de una de las pistas, lo que podría provocar problemas de seguridad si un avión tuviera dificultades para frenar.

'Si la terminal es mucho mayor que la que se aprobó en la declaración de impacto de 1996 y, además, se encuentra casi 400 metros más cerca de las viviendas, ¿cómo es posible que no tenga que superar una nueva declaración de impacto ambiental?', se pregunta Carrasco. El fiscal lo está investigando.