La Fiscalía ve delito de imprudencia en el accidente pirotécnico de Rafelcofer

Este segundo expediente de la Fiscalía recoge la petición de uno de los abogados de la acusación particular, que argumentaba que los informes periciales elaborados por la Consejería de Industria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social eran suficientes para considerar que la empresa podía haber cometido un 'delito de imprudencia'. Dichos expedientes atribuían a la empresa incomplimientos en materia de seguridad y formación de los trabajadores.

Ayer, el gerente de la pirotecnia, Vicent Borredà, fue requerido por el titular del juzgado gandiense para declarar como imputado por la acusación que le atribuye el fiscal. En la comparecencia estuvieron presentes la defensa y tres de los cuatro abogados que se han personado como acusación particular, en representación de las familias de seis de los fallecidos (la séptima víctima fue un pariente de Borredà). Durante cerca de dos horas, el juez interrogó al pirotécnico acerca de las medidas de seguridad del taller en materia de almacenamiento de explosivos. Asimismo, el empresario declaró sobre el plan de prevención de riesgos laborales, y la formación de los empleados en la manipulación de los productos pirotécnicos, cuyo cumplimiento cuestionan los informes periciales. El empresario argumenta que en agosto de 1999 contrató a una empresa especializada para la elaboración del plan de prevención de riesgos laborales. Pero según Industria, un año después, cuando se produjo el accidente, todavía no había sido aplicado. En materia formativa, Trabajo asegura que parte de la plantilla 'no había recibido formación alguna' en prevención de riesgos laborales.

Fuentes judiciales aseguraron ayer que el juez encargado del caso podría finalizar la instrucción del expediente sobre el accidente de la pirotecnia Borredà en las próximas semanas. Si el juez acepta el informe del fiscal, el responsable de la empresa será juzgado por el procedimiento penal, sino será sometido a un juicio de faltas. La acusación particular considera que la empresa cometió 'un incumplimiento grave' en materia de seguridad y formación de los trabajadores, por lo que se postuló ayer a favor de la decisión de la Fiscalía.

De otro lado, los abogados de las familias de las víctimas denuncian que la compañía de seguros de la pirotecnia ha aplicado el baremo de 'accidente de tráfico' para fijar las indemnizaciones, y reclaman a la aseguradora que 'pague el máximo' estipulado en la póliza, unos 20 millones.