Nacionalismo aéreo

En la crisis de la compañía Aerolíneas Argentinas, participada en un 91,2% por el grupo público SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), convergen responsabilidades empresariales, sindicales y políticas que convierten su salvación societaria en una tarea compleja e ingrata. Su naturaleza de empresa hispanoargentina concita fricciones nacionalistas y dificulta los acuerdos empresariales, como se ha demostrado en la reciente visita de la ministra de Trabajo de Argentina, Patricia Bullrich, acompañada por los representantes sindicales de Aerolíneas, para sondear las posibilidades de salvación de la empresa. El fracaso de las negociaciones coloca a la compañía de bandera argentina en una situación muy próxima a la quiebra y convierte el caso en un germen de revanchas demagógicas que puede perjudicar seriamente a las empresas españolas instaladas en Argentina.

Tanto Iberia, accionista mayoritario de Aerolíneas durante un lustro, como la SEPI tienen parte de responsabilidad en la angustiosa situación de la compañía; pero más por aplicar una gestión defectuosa e insuficiente para cortar los gastos de la empresa cuando ya era evidente su crisis de ingresos que por un supuesto vaciamiento patrimonial o alzamiento de bienes, como se pretende investigar ahora desde el Parlamento argentino en una reacción que bien puede calificarse de chovinismo herido. No obstante, la Cámara es soberana para llevar a cabo cualquier investigación. Tampoco la SEPI estuvo muy afortunada al permitir que durante un tiempo American Airlines, con sólo el 10% del capital, asumiera la gestión de Aerolíneas.

Pero, en la tesitura actual, la responsabilidad corresponde a los sindicatos argentinos, concretamente a la Asociación de Profesionales Técnicos Aeronáuticos (APTA), que pretende mantener unos privilegios insostenibles. Una de las pocas posibilidades de supervivencia de Aerolíneas pasa por aplicar el plan director propuesto por la SEPI: ajuste de empleo y reducción de salarios. Por doloroso que parezca, Aerolíneas necesita un plan de ajuste drástico para recortar los gastos y procurar una mejora de los ingresos. Es razonable condicionar la inyección de capital a los esfuerzos efectivos en la corrección de gastos en Aerolíneas. La última ampliación de capital que han realizado los accionistas (entre ellos el Estado argentino, que sigue teniendo un 5% de la propiedad), por valor de 650 millones de dólares, no ha servido para consolidar las posiciones económicas de la compañía.

No obstante, la SEPI y el Gobierno español cometerían un grave error si pierden de vista las graves consecuencias políticas del caso Aerolíneas confiando en que el plan de ajuste de la compañía es suficiente y constituye la solución económica adecuada para reflotar la compañía. Sería deseable que, al tiempo que se mantiene el principio del plan de ajuste de Aerolíneas, se pongan en marcha las iniciativas necesarias para rebajar la crispación que van a sufrir o están sufriendo ya las empresas españolas instaladas en Argentina. Ésa sí es tarea del Gobierno.