Modrego y García Antón, imputados por la carretera Cabanes-Oropesa

El titular del juzgado número 6 de Castellón ha admitido la ampliación a dos consejeros de la querella presentada por el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) por un presunto delito ecológico por la construcción de la carretera Cabanes-Oropesa que afecta a parte del parque natural del Desert de Les Palmes. La ampliación se refería a que, una vez imputados el director general de Obras Públicas, Pedro Marco, y el Jefe de la oficina del Plan de CarreteraS, también de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (COPUT), Josep Llin, la acusación se hiciera extensiva a los consejeros de Obras Públicas, José Ramón García Antón, y de Medio Ambiente, Fernando Modrego.

El juez ha dictado ahora una providencia en la que otorga a ambos un plazo de diez días para que, puesto que se trata de personas aforadas, aleguen lo que estimen oportuno sobre la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 'para conocer sobre el fondo del asuntos'.

La misma providencia indica que Marco y Llin han de presentarse a declarar el próximo 31 de mayo, en calidad de querellados, mientras que los representantes de la unión temporal de empresas (UTE) que ejecuta la obra lo harán el día 7 de junio como testigos. Además, el juez solicita al ecotoxicólogo judicial, Luis Burillo, un informe que determine, entre otras cosas, si los movimientos de tierra efectuados hasta ahora han perjudicado el equilibrio ecológico.

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