La consejera de Enseñanza anuncia una ley catalana de educación

La diputada socialista Montserrat Duch y el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Josep Bargalló interpelaron al Gobierno catalán con la esperanza de obtener una rectificación. Pero la titular de Enseñanza se mantuvo firme y justificó la subvención de todas las escuelas privadas aduciendo los principios de igualdad y gratuidad, y el derecho de todos a la educación básica, consagrados por la Constitución y Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE).

Esto sucedía casi a la misma hora en que el sindicato de enseñantes USTC presentaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un recurso contencioso administrativo contra la decisión que provocaba el debate parlamentario: la concesión de conciertos económico a las escuelas Sil, Saint Paul's School, Súnion, Pere Vergés, La Vall, La Farga y Viaró.

Subvencionar con el presupuesto público las escuelas privadas a las que llevan sus hijos las familias adineradas mientras existen notorias deficiencias en las escuelas públicas tiene sus riesgos. Al menos a la hora de los debates parlamentarios. 'No es de justicia que en las escuelas públicas haya niños escolarizados en barracones al mismo tiempo que se conciertan subvenciones para las escuelas privadas de élite', recordó la diputada Duch a la consejera. Como tampoco lo es hacerlo, añadió, si además en estos centros se discrimina a los alumnos. Para demostrarlo explicó que entre los 5.000 alumnos que acuden a las siete escuelas citadas, sólo hay 25 escolares con necesidades especiales. Esta política, advirtió, 'pone en crisis la cohesión social y fomenta la dualidad económica de la sociedad'.

Para colmo, no es sólo la justicia social en el sentido económico lo que escandaliza en la subvención de las escuelas de élite. Es que en alguna de ellas rige todavía la separación de sexos. La consejera, que en el seno de su partido, Convergència Democràtica (CDC), pasa por sostener posiciones tirando a socialdemócratas, también defendió que se destinen fondos públicos a este tipo de escuelas. Para ello recurrió a una sentencia del Tribunal Supremo que, según explicó, determinó que separar a los alumnos por sexo no es discriminación.

El republicano Bargalló fue especialmente claro sobre este particular. 'Si hay centros que aplican deliberadamente discriminación por sexos o étnica, y resulta que pueden hacerlo legalmente, lo que debemos hacer es cambiar la legislación'.

Ahí fue donde se agarró la consejera para anunciar que prepara una ley de educación. Finalizó su intervención admitiendo la necesidad de abrir una reflexión profunda sobre la enseñanza obligatoria y comprometiéndose a hacerlo.