Fraude lechero

El comercio irregular de productos agroalimentarios no sólo supone, en la mayoría de los casos, un fraude económico y fiscal, sino un riesgo para la salud de las personas. Ningún otro sector de la actividad económica merece mayor atención vigilante por parte de la Administración. No sólo debe perseguirse judicialmente, sino que hay que acabar con las causas que lo favorecen. Es el caso del comercio negro de leche vinculado a las cuotas lecheras establecidas por la Unión Europea, siempre superadas por una producción real que, en parte, deriva hacia circuitos comerciales no suficientemente garantizados.

La Fiscalía Anticorrupción tiene entre manos la investigación del primer caso descubierto en este sector, aunque la Administración sigue la pista de otros tres. Se trata del supuesto fraude de al menos 4.650 millones de pesetas por parte de una empresa que comercializó subrepticiamente en 1999 unos 80 millones de kilos de leche en marcas de segunda fila a precios más baratos. Esa venta ilegal no sólo puede suponer un fraude económico -eludir la tasa de 60 pesetas por kilo de leche impuesta por Bruselas al excedente de producción fijada en la cuota anual-, sino una amenaza alimentaria en la medida en que se vulneren las normas de calidad o etiquetado. Debe ser perseguida con firmeza para evitar que, por causa de la avaricia de unos pocos, se cause perjuicio al conjunto del sector lechero, proyectando sobre él la desconfianza que hoy agobia a otros sectores agroalimentarios.

Pero no hay que olvidar que estas prácticas encuentran terreno abonado en la disparatada asignación de cuotas de producción de leche fijadas por la Unión Europea. En España, esta cuota ha estado tradicionalmente alejada de la producción real (aunque últimamente tiende a acortarse) y, sobre todo, de los niveles de consumo. A partir de la próxima campaña, la cuota será de 6,1 millones de toneladas de leche, frente a una producción real aproximada de 6,5 millones de toneladas. En la medida en que disminuya la diferencia será más difícil el fraude. Pero no por ello dejará de tener razón de ser la comisión estatal antifraudes alimentarios creada en 1999. Nunca faltarán desaprensivos que pretendan hacer negocio a costa de la salud de los consumidores.