Acuerdo en Iberia

Por bueno que sea, el acuerdo in extremis alcanzado ayer entre Iberia y el sindicato de pilotos SEPLA no elimina la inquietud que introduce en la privatización de la compañía el hecho de contar con una organización sindical que defiende privilegios feudales para los pilotos y que suele utilizar como rehenes a los viajeros para conseguir, mediante huelgas encubiertas, ventajas faraónicas para sus afiliados. Después de una huelga de celo mal disimulada, que ha sacado de quicio a miles de viajeros con retrasos de hasta el 60% y cancelaciones de vuelo, y de un ultimátum de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), amenazando con suspender la oferta pública de ventas (OPV) de la compañía, la empresa y el SEPLA han llegado a un acuerdo por el que se suspende la huelga de celo y se encauzan las peticiones de los pilotos por la vía de la mejora de productividad. La OPV se ha salvado, al menos de momento.

La aparición oportunista de los pilotos al borde de la privatización de Iberia tampoco puede ocultar que el Gobierno y la SEPI, como depositaria de las acciones públicas de la compañía aérea, han conducido la privatización con singular torpeza. Durante dos años han aplazado sistemáticamente la salida a Bolsa de la compañía de bandera sin que medie explicación alguna; durante ese tiempo han negociado la composición de un núcleo que se pretendía estable, pero en el que han aparecido en más de una ocasión síntomas de fricciones y agravios comparativos, y no han tenido la habilidad suficiente para evitar inconvenientes graves de última hora, como la huelga de celo mencionada.

En estas condiciones, sólo un profesional del optimismo podría vaticinar que la OPV de Iberia será un éxito total en todos sus tramos. Los posibles inversores de la compañía pueden preguntarse con razón qué rentabilidad han de esperar de una empresa que depende tan estrechamente de los caprichos de un poderoso sindicato. A pesar de que la privatización de Iberia se ha salvado momentáneamente, está por ver si su inestabilidad laboral y social no tendrá severas consecuencias financieras sobre la colocación bursátil anunciada para el mes próximo.