La Audiencia de Vizcaya cierra el 'caso de las tragaperras' porque el delito ha prescrito

La Audiencia de Vizcaya considera que el caso de las tragaperras, la supuesta trama de financiación ilegal del PNV a través de la venta de licencias de máquinas de juego, ha prescrito y se ha 'extinguido la responsabilidad criminal'. Las dos personas que se sentaron en el banquillo, dos ex técnicos de la Dirección de Juego del Gobierno vasco, sólo estaban acusadas de un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

El tribunal apunta que para cuando la acusación introduce ese delito contra los acusados, en enero de 1996, 'ya han transcurrido los plazos legalmente establecidos para declarar prescrito el delito'. La causa se inició en 1990 contra el que fue director de Juego, José Joaquín Portuondo, ya fallecido, por delitos de prevaricación y falsedad. Sin embargo, las investigaciones judiciales tras las primeras denuncias no llegaron a concretar las sospechas de que tras las irregularidades descubiertas en los permisos de máquinas de tipo B había una trama de financiación ilegal del PNV.

En el auto, el magistrado ponente asegura que 'no se puede afirmar interrumpido el plazo de prescripción, habiendo transcurrido de sobra el lapso de tiempo exigido por la ley para poder declarar extinguida la responsabilidad criminal'. Éste era una de los argumentos dados por la defensa de Josu Abrisketa, quien aseguró en su escrito ante la Sala que 'desde la eventual comisión del delito han transcurrido nueve años'. El plazo marcado por el nuevo Código Penal para este delito cifra la prescripción en cinco años. El auto da la razón a las defensas al señalar que, en el caso de las tragaperras, la imputación a los acusados del delito de infidelidad en la custodia de documentos se introdujo en el proceso penal, iniciado en 1990, cuando ya habían 'transcurrido los plazos legalmente establecidos para delarar prescrito dicho delito'.