El Defensor del Pueblo catalán renuncia a seguir mediando entre los inmigrantes y el Gobierno

La gota que acabó con la paciencia del síndic, Anton Cañellas, fue la imposibilidad de nombrar una comisión que vele por la aplicación del pacto. A mediodía, Cañellas propuso a ambas partes la constitución de un grupo de carácter técnico formado por juristas nombrados por los negociadores. El Gobierno aceptó la propuesta, pero los inmigrantes solicitaron que en la comisión hubiera como mínimo un representante directo de los encerrados, a lo que se negó la otra parte. El Gobierno justificó esta negativa por entender que la propuesta de los inmigrantes supondría negociar mientras persiste el encierro.

Los inmigrantes culparon al Gobierno de la renuncia del Síndic de Greuges mientras la Delegación del Gobierno anunciaba que continúa dispuesta a negociar. Por otra parte, el Grupo Parlamentario de CiU en el Congreso presentó ayer una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a otorgar permisos de residencia temporal a los extranjeros que dispongan de oferta de trabajo amparándose en el artículo de la Ley de Extranjería según el cual 'podrá otorgarse un permiso de residencia temporal cuando concurran razones humanitarias, circunstancias excepcionales o se acredite una situación de arraigo'.

CiU recuerda que aunque el número de regularizaciones concedidas hasta ahora (137.454) es importante, también es significativo el volumen de expedientes rechazados (6.271 archivadas y 82.845 rechazadas). Esto se acentúa en Barcelona, Málaga, Almería, Lleida y Granada, donde el número de expedientes rechazados supera el 44%. 'Es evidente', concluye el diputado de CiU Xavier Trias, 'que si este proceso de regularización no ha servido para acabar con la gran bolsa de inmigrantes en situación irregular existente, los objetivos de regular y ordenar los flujos migratorios y promover la integración social de los inmigrantes no se podrán alcanzar'.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería, hace 15 días, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona ha iniciado 84 procesos de expulsión de inmigrantes en situación irregular. La mayor parte de ellos tienen abiertos procesos judiciales y algunos han sido detenidos decenas de veces. La cifra ha causado sorpresa en las organizaciones de apoyo a los inmigrantes, pues en todo el año 2000 se expulsó a 35 personas y el número de expulsados de los últimos cinco años oscila entre 188 y 277.

Un portavoz de la Delegación del Gobierno en Cataluña justificó ayer la intensificación de las expulsiones por 'el incremento de los supuestos que permiten expulsar a un extranjero comprendidos en la nueva Ley de Extranjería'. Como consecuencia de la apertura de estos expedientes, los jueces ya han ordenado el ingreso de 40 inmigrantes en el centro de Internamiento Barcelona, donde éstos pueden permanecer un máximo de 40 días antes de ser expulsados.