El Poder Judicial debatirá si plantea un conflicto por el indulto a Liaño

Los consejeros del sector progresista del CGPJ aplazaron ayer la entrega al presidente, Javier Delgado, del escrito de petición de un pleno extraordinario, a fin de debatir sobre el planteamiento del conflicto constitucional contra el Gobierno por invasión de atribuciones judiciales en relación con el indulto al ex juez Javier Gómez de Liaño.

El anuncio del decreto de indulto ya había alertado a varios consejeros sobre la posibilidad de que el Ejecutivo invadiera competencias del CGPJ. Una vez que el Gobierno remitió al Tribunal Supremo el Real Decreto, tales consejeros desistieron de su iniciativa, dado que como tribunal sentenciador, al Suprremo correspondía aplicar el indulto.

Sin embargo, el anuncio el viernes último, tras el Consejo de Ministros, de que el Gobierno plantearía un conflicto de jurisdicciones contra el Tribunal Supremo para imponerle la aplicación del indulto en todos sus aspectos, incluida la reintegración del ex juez prevaricador a la carrera judicial, en cuyo escalafón no figura, reavivó la iniciativa.

Firmas suficientes

El número de firmas obtenidas ayer supera ya con creces las cinco necesarias para que se convoque dicho pleno. Los primeros firmantes fueron el vicepresidente Luis López Guerra y los seis vocales propuestos en su día, como él, por el PSOE, incluso Elisa Veiga, ausente fuera de España, que remitió su conformidad por fax. A esas siete firmas se sumaron en la mañana de ayer las de los dos propuestos por IU -Manuela Carmena y Ramón Sáez- y, por la tarde, la del vocal propuesto por el PNV, Emilio Olabarría.

Los iniciales proponentes del pleno extraordinario -que reglamentariamente habrá de convocarse antes de las 72 horas de la petición al presidente del Consejo- confían en obtener algunas firmas más, tanto de los vocales propuestos por CiU como incluso de los propuestos por el PP, algunos de ellos ausentes de Madrid ayer.

La razón de esa confianza es que el conflicto de jurisdicción anunciado por el Gobierno invade atribuciones del CGPJ, según fuentes de los proponentes, quienes explicaron que dicho conflicto contra el Supremo 'sustrae al órgano de gobierno de los jueces competencias constitucionales sobre nombramiento de los jueces que sólo pueden modificarse por mandato judicial'.