Un experto señala que la cifra de menores infractores se triplicará en pocos años
El número de personas afectadas por la justicia juvenil tras la entrada en vigor de la nueva Ley Penal del Menor en enero se triplicará en los próximos años. Esta prospección no está justificada tanto por un incremento de la delincuencia como por la implantación de una legislación "que es más blanda, pero alcanza a más jóvenes", según indicó Santiago Redondo, doctor en Psicología y criminólogo, que desarrolla su actividad docente en la Universidad central de Barcelona.Redondo presentó la ponencia marco en la segunda jornada del Seminario sobre jóvenes con personalidad antisocial y psicopatía que se celebra en Vitoria, centrada en el tratamiento de los delincuentes juveniles. El psicólogo señaló que un 80% de la población menor de edad ha mantenido alguna vez conductas que se pueden considerar ilícitas -pequeños hurtos o infracciones leves-, pero subrayó que es la reincidencia la que define la "carrera delictiva" del joven y la que determina su entrada en la dinámica judicial. En este contexto, un 58% de estos menores reiterativos comete delitos contra la propiedad, mientras que sólo un 1,2% lo hace contra la libertad sexual y un 0,6% trafica gravemente con drogas.
Redondo se remitió a un estudio propio realizado en Cataluña para destacar que la nueva legislación del menor va a alcanzar a una población juvenil tres veces mayor. "Hay factores como la elevación de la edad penal hasta los 18 años y la diversificación de las medidas aplicadas para entender este dato", señaló. Añadió que ve positivo que el sistema se ablande en lo punitivo y se amplíen las medidas, ya que así "alcanza a más chicos conflictivos".
Los programas de tratamiento dirigidos a jóvenes tienen una eficacia variable en función de su naturaleza. Redondo destacó que se ha constatado que los que se basan únicamente en el internamiento apenas inciden de manera positiva en la reincidencia de los menores -0,4% de reducción-. Frente a ellos, con los métodos conductistas se ha constatado una disminución de delitos de más del 30% de los casos.
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