El ministro de Trabajo muestra su disposición a cooperar con la CE para aclarar el uso de los fondos

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, declaró ayer en Luxemburgo, donde participó en la reunión del Consejo de Ministros de la UE, que el debate político sobre las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) bloqueadas por Bruselas "está bien residenciado en el Parlamento de Cataluña, su sede natural". "No voy a entrar en un debate político donde lo único que hay es una cuestión técnica clara", añadió Aparicio.El ministro mostró su disposición a cooperar plenamente con las administraciones autonómicas y la Comisión Europea (CE) para aclarar el problema. "Daremos cuantas explicaciones nos sean solicitadas. Las actuaciones se están desarrollando con absoluta normalidad y por los cauces previstos en la normativa", afirmó el ministro. Aparicio añadió que no hay motivos para "magnificar el problema".

Respecto a la llamada de atención de los servicios de Asuntos Sociales de la Comisión Europea sobre los controles "insuficientes" que se aplican en España para el seguimiento de las ayudas que se conceden a la formación de parados, Aparicio declaró: "No puedo decir que no existan problemas porque el volumen de fondos que se manejan es muy alto y el de proyectos también". Pero quiso dejar claro que "no hay ningún caso que se aprecie como significativo como para extremar las alarmas".

El Gobierno español espera solucionar con Bruselas este caso, igual que hizo el Gobierno socialista en 1996 cuando la Comisión Europea bloqueó 22.000 millones de pesetas del FSE. "Entonces se estableció un proceso de diálogo y se pudo resolver el problema con razonable normalidad", dijo. "Si en 1996, con cifras más significativas, el Gobierno español supo dar las explicaciones suficientes para regularizar la situación, no veo motivos para que ahora no suceda lo mismo". "Espero que todos los aspectos del problema queden resueltos, los que tienen sustancia política, en el Parlamento de Cataluña, y los que tienen sustancia técnica, en la Comisión Europea", añadió.

Por otra parte, fuentes del Departamento de Trabajo señalan que el año pasado se recortaron ayudas a los centros de Fidel Pallerols, el empresario andorrano dueño de academias de formación de parados que está siendo investigado por el juzgado. La investigación judicial se ha abierto por denuncias de alumnos que afirman que no acudieron a los cursos de los centros de Pallerols y que su firma fue falsificada, y por presunta financiación de Unió Democràtica de Catalunya.

El total de las ayudas revocads por orden del actual consejero de Trabajo, Lluís Franco, asciende a 104 millones de pesetas, con lo que la cifra que han recibido los centros de Pallerols correspondiente a 1999 es de 145,7 millones de pesetas. Estas ayudas le han llegado cuando sólo funciona su centro barcelonés y ha cerrado el resto.

El Departamento de Trabajo también decidió excluir del censo de entidades colaboradoras para la formación de desempleados los centros de Pallerols Ceif And y Teo.

Antes del recorte de ayudas, los centros Ceif And y Teo sumaban otorgamientos de subvenciones por valor de 250 millones de pesetas en la última campaña (1999). Esos otorgamientos fueron firmados por el anterior consejero de Trabajo, Ignasi Farreres, el 11 de junio de 1999.