La fuerza jurídica de la Carta de Derechos, a examen

Los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea acuden a Biarritz con posiciones diferentes sobre el alcance y la fuerza jurídica que tendrá en el futuro la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, un marco global de principios básicos para todos los ciudadanos de la Unión. Reino Unido y Francia apuestan por convertir el documento en una solemne declaración. Otros países, como España, ya han señalado que la Carta debe incorporarse de alguna manera al Tratado de la Unión para que tenga una cierta fuerza jurídica.En la cumbre de Biarritz no se adoptará ninguna decisión al respecto. Los líderes europeos analizarán el contenido del texto el sábado, pero no será hasta la cumbre de Niza, en diciembre, cuando fijen un criterio común definitivo. Cabe la posibilidad de que los máximos dirigentes de la UE den ahora su respaldo general al documento y, en diciembre, acuerden que el Tratado de la Unión incluya alguna referencia a la Carta, si bien no sería incorporada al mismo, con fuerza jurídica real, al menos hasta 2004. Las reticencias a una pronta incorporación no sólo proceden de París y Londres, sino también de países candidatos a la adhesión que deben reformar sus legislaciones para adaptarlas al marco jurídico europeo.

El Parlamento Europeo ya ha dado su respaldo al contenido del documento, y ha solicitado a los jefes de Estado o de Gobierno que estudien la fórmula para que la Carta no se quede en una mera declaración de principios. En España, el Parlamento respaldó mayoritariamente el pasado día 3 una iniciativa socialista para que la Carta tenga valor jurídico vinculante. El presidente español, José María Aznar, también se mostró "favorable" el pasado 26 de septiembre a que el documento forme parte del Tratado de la UE, aunque no precisó ni la fórmula ni la fecha. La Comisión Europea, en una comunicación adoptada ayer, considera que la Carta debiera integrarse "pronto o tarde" en los Tratados.

La Carta, un paso encaminado a la construcción de una Europa política, desarrolla en medio centenar de artículos los seis valores fundamentales del ciudadano europeo: la dignidad de las personas, la igualdad, la libertad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia. En la elaboración del documento han participado 15 representantes de los jefes de Estado o de Gobierno, 16 europarlamentarios, 30 diputados de parlamentos nacionales y un representante de la Comisión.

En los primeros borradores, y por presión de Londres y de algunos países nórdicos, no se recogían principios básicos como el derecho a la huelga, que sí está incorporado en su redacción final. Tampoco estaba el derecho al trabajo, y finalmente se añadió el "derecho a trabajar". En el tramo final del proceso, el mes pasado, Francia amenazó con rechazar el texto si no se eliminaba del preámbulo una referencia a la "herencia religiosa" de la Unión, términos sustituidos por "el patrimonio espiritual y moral" de la UE.