El defensor de Cerezo acusa al fiscal de ofrecer a su cliente un pacto contra Gil

En la penúltima jornada del caso Atlético, el defensor del vicepresidente del club Enrique Cerezo, acusó al fiscal de haber intentado un pacto con su cliente contra Jesús Gil. El letrado insistió en que los contratos entre Marbella y el Atlético de 1991 y 1992 son auténticos y "si fueran falsos, el delito habría prescrito". Pablo Jiménez de Parga, defensor de Miguel Angel Gil Marín, subrayó que lo único que tiene el fiscal contra su cliente es que "es el hijo del jefe de la familia". El juicio quedará el lunes "visto para sentencia".

El defensor de Enrique Cerezo alteró una jornada anodina del juicio del caso Atlético con una grave acusación contra el fiscal anticorrupción Carlos Castresana. Rafael Marcos dijo que el fiscal ofreció a su cliente que "si se personaba en la causa como perjudicado, retiraría la imputación contra él y lo llamaría como testigo protegido". Marcos afirmó Enrique Cerezo no cometió falsedad alguna y que la Agencia Tributaria había dado por buenos los contratos entre Marbella y el Atlético de 1991y 1992, al cobrar el IVA con recargo. En todo caso, este letrado insistió en su tesis, defendida en las cuestiones previas, de que "si los contratos fueran falsos, el delito habría prescrito". El fiscal pide para Cerezo 13 años de prisión.

El defensor de Miguel Angel Gil Marín, director general del Atlético, dijo que el fiscal no tiene nada sólido contra su cliente. "Estaba el jefe y el hijo del jefe de la familia", afirmó para establecer que la única razón por la que su cliente tiene una petición de 23 años de prisión, es por ser el hijo de Gil.

Jiménez de Parga dijo que el fiscal "no tiene ninguna prueba radical de cargo que permita demostrar la falsedad de los contratos de 1991 y 1992". Incluso admitió "dialécticamente" la teoría del fiscal de que la pericia de la Guardia Civil sirve para establecer que los contratos fueron hechos en esa fecha y lo contrario. Y adujo el principio legal in dubio pro reo, que en caso de duda concede la razón al procesado.