Acoso a las tabacaleras

La astronómica multa de 26 billones de pesetas impuesta por un jurado de Florida a las cinco principales tabacaleras estadounidenses como indemnización conjunta para centenares de miles de fumadores que las habían demandado como causantes de sus enfermedades cambiará el futuro de esta industria. Y no sólo por el simbolismo de tan descomunal sanción, que puede llevar a la bancarrota a uno de los negocios más lucrativos del mundo y hace ridículos los 5.000 millones de dólares que Exxon pagó por el desastre causado en Alaska por uno de sus petroleros.Quienes han puesto de rodillas a los gigantes de la industria del humo han sido fumadores del Estado de Florida en dos años de juicio, en el que han desfilado más de un centenar y medio de testigos, incluidos los presidentes de las cinco grandes tabacaleras. Llueve sobre mojado, puesto que las compañías ya habían acordado en 1994 pagar durante los próximos 25 años 245.000 millones de dólares a los diferentes Estados que las demandaron entonces.

En un pleito de esta envergadura, las apelaciones se eternizarán, y nadie sabe, cuando acaben de explorarse todos los recovecos legales, en qué quedará la compensación de los fabricantes de tabaco al casi medio millón de adictos personados. Pero, en cualquier caso, la decisión del jurado de Miami está llamada a ser histórica. Porque influenciará la actitud social sobre el tabaco y la de otros juicios futuros en EE UU (donde mueren al año 400.000 personas por su causa) y fuera. Y porque ha liquidado la posibilidad para las tabacaleras de zanjar pleitos culpando a los fumadores por no ser capaces de dejar su hábito. En el veredicto de Florida ha influido decisivamente la pila de documentos internos que reflejan la manipulación de las grandes firmas para desacreditar las campañas científicas en su contra y mentir sobre el carácter adictivo de los cigarrillos y sus consecuencias sobre la salud.

En España, con una legislación menos favorable a los perjudicados por el tabaquismo, no se ha producido todavía ninguna condena contra los fabricantes. Los daños del tabaco no están judicialmente asentados. Pero asociaciones de damnificados han comenzado a promover demandas y el presidente de la Junta de Andalucía pedía recientemente a esta industria 60.000 millones anuales para tratar en su región las patologías derivadas de su consumo. Quizá es hora de que el Gobierno y el Parlamento aborden un problema cuyos costos sanitarios, entre otras consecuencias, se elevan anualmente a casi medio billón de pesetas.