El PSPV y EU critican el fraccionamiento de facturas en La Fe porque persigue eludir su fiscalización

Los grupos parlamentarios del PSPV y de EU en las Cortes criticaron ayer el fraccionamiento de facturas por un importe menor de dos millones de pesetas para evitar sacar a concurso público la adjudicación de servicios, un mecanismo que ha servido al hospital público La Fe de Valencia para encargar diversas compras a las empresas Integral de Mamparas, SL, Impacto Valencia y Aciertos Valencia, que comparten un mismo adminitrador, como publicó ayer EL PAÍS. "Se fraccionan los contratos para eludir la fiscalización en una forma de proceder que bordea la ilegalidad", señalaron ayer fuentes del Grupo Socialista, que reclamó en las Cortes la relación de contratos de este tipo que realiza la Administración al "constatar la situación". El Consell respondió que se podían consultar los expedientes en las consejerías e instituciones correspondientes, lo que los socialistas consideran una forma de dificultar y boicotear el control parlamentario. El grupo del PSPV estudiará la posibilidad de denunciar a los tribunales por la conculcación de la Ley de Contratos del Estado esta práctica, "muy extendida" por el PP, según apuntaron. La ley de contratación fue modificada en diciembre de 1998 para elevar a cinco millones la cantidad a partir de la cual se ha de convocar consurso, auque los contratos de La Fe se suscribieron antes.

La diputada de EU Ángela Llinares cargó las tintas contras las "innumerables triquiñuelas" de las que se vale el PP para adjudicar a "quien quiera" las compras. "De este modo", continuó la diputada en alusión al fraccionamiento de facturas en La Fe, "no se tiene que pasar el control público". Llinares insistió también en que este procedimiento es habitual en las instituciones gobernadas por el PP y también por los socialistas. En muchos casos se adopta por la necesidad de agilizar el trámite administrativo y de dotar de mayor dinamismo a la gestión. Pero no es el caso de La Fe, porque al coincidir el admnistrador de las empresas y el objeto de la compra, se trata claramente de "una triquiñuela" para eludir el control y elegir a unos determinados beneficiarios, añadió la diputada.