Servicio exterior de ETA

El Ministerio del Interior considera a los ocho miembros de HB detenidos ayer en el País Vasco componentes del aparato internacional de ETA, encargado especialmente de dar asistencia a los activistas afincados en el extranjero. Las detenciones son consecuencia de las investigaciones, dirigidas por el juez Garzón, que llevaron al desmantelamiento, a partir de mayo de 1998, del entramado financiero del MLNV, siglas que encubren el tinglado de organismos legales, alegales, semilegales e ilegales montado en torno a ETA. Aquel desmantelamiento puso de relieve las conexiones entre la banda y su entorno civil, pero también la contradicción tendencial entre los intereses de ese entorno y la actividad terrorista.Durante años, el mundo del MLNV ha actuado con gran impunidad, beneficiándose de las posibilidades de la legalidad, pero sin renunciar a las ventajas de la clandestinidad. Algunos negocios, por ejemplo, tenían apariencia legal, pero los fondos iniciales, o una parte de ellos, procedían de la extorsión y los secuestros. Las investigaciones llevaron al procesamiento a finales de 1998 de 26 personas que están a la espera de juicio. Según el sumario instruido por Garzón, una de las actividades ilegales coordinadas desde KAS era la asistencia a militantes de ETA en el extranjero; alguna de las sociedades del entramado empresarial se dedicaba a financiar esas actividades y pagar los sueldos de activistas deportados o refugiados en países de África y América. Aparentemente, la policía ha identificado ahora a las personas que aparecían con seudónimo en los papeles incautados.

Por supuesto, todo estó tendrá que ser probado en juicio. Pero carece de fundamento la idea de que estas detenciones son un obstáculo para la solución del "conflicto político", como dijo ayer la portavoz de Euskal Herritarrok. Si hay indicios de delito, debe intervenir la justicia. Por razones de principio y también de eficacia. La experiencia indica que nada favorece tanto la continuidad de la violencia como la sensación de impunidad que durante años ha beneficiado a los que actuaban bajo el manto de ETA y con la coartada de los fines patrióticos. Sólo cuando dejó de salir gratis esa relación surgieron voces pidiendo a ETA una tregua con el argumento de que su presencia era "un estorbo" para los fines nacionalistas.

La experiencia de la tregua era necesaria para que el nacionalismo democrático comprobara que ni siquiera con concesiones políticas tan importantes como la adopción del programa soberanista de HB iba a renunciar ETA. Al revés, considera a los nacionalistas culpables de la ruptura del alto el fuego por su tibieza. Cada vez se hace más evidente que ETA sólo desistirá cuando se le exija con fuerza y amenaza de ruptura desde su propio entorno; y que eso sólo ocurrirá cuando ser cómplice de los terroristas implique, además de desprestigio social y aislamiento político, el riesgo de ser detenido y juzgado por los tribunales de justicia. Aplicar la ley con sobriedad es la medida pacificadora más eficaz.