El PP intenta bloquear la TV canaria en la fase preelectoral

Los miembros del Partido Popular (PP) de Canarias en el consejo de administración de Radiotelevisión Canaria (RTVC) han decidido solicitar, en la próxima reunión de este órgano, que se aplace el pago de los 3.000 millones de pesetas debidos a Productora Canaria de Televisión, SA, por los programas que suministra al canal autonómico del archipiélago. Los consejeros del PP alegan que así debe hacerse en tanto no se sepa cuál es el alcance de la sentencia que el Tribunal Supremo emitió en octubre pasado -tras el recurso del Ministerio de Fomento- para suspender cautelarmente el concurso por el que el ente público adjudicó el suministro de programas a la productora citada.Este anuncio del PP, que se produce en vísperas de la convocatoria de elecciones, ha sido entendido por Coalición Canaria (CC) como una nueva medida de bloqueo de la Televisión Autonómica de Canarias. Al respecto, el portavoz adjunto de CC en el Parlamento de Canarias, Alfredo Belda, indicó ayer: "Se trata de otra táctica del PP para intentar frenar la televisión". Y añadió que todo forma parte de una guerra mediática contra PRISA que, junto con otros socios, posee el 40% de la productora afectada. El 60% restante es de empresarios canarios.

Los nacionalistas canarios y dirigentes del PP de Madrid habían acordado, a finales de noviembre, no solicitar la ejecución de la sentencia del Supremo en tanto no hubiera un pronunciamiento de los tribunales sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la legalidad de un modelo de televisión basado en la gestión privada, pero bajo control público.

Un modelo sin déficit

El presidente de Canarias, Román Rodríguez, reiteró ayer que en ciertas instancias existe "miedo" al modelo audiovisual intentado en Canarias, por lo que supone de novedad contratar el suministro de programas. "Nuestra televisión no genera déficit", recordó el presidente, una situación muy diferente de lo que sucede en otras comunidades autónomas.

El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Julio Bonis, aseguró, por su parte, que el ente público y el Gobierno regional tienen intención de cumplir con los compromisos recogidos en el contrato de suministro de programación, en tanto los tribunales no decreten su nulidad a través de una sentencia firme sobre el fondo del asunto.

El Consejo de Administración de RTVC tiene previsto reunirse el próximo día 21. Se espera que el director general del ente público, Jorge Bethencourt, aporte un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma sobre el alcance de la sentencia dictada por el Supremo en octubre. En una anterior comparecencia en el Parlamento de Canarias, Bethencourt dijo que la sentencia no afectada a la contratación efectuada con la productora.