El coste de la inacción

LA INFLACIÓN española se ha situado en una tasa anual del 2,7%, después de la subida de dos décimas en el IPC de noviembre. La denominada inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos frescos y de los bienes energéticos, ha quedado en el 2,3%, también muy por encima de las economías con las que compartimos mercados y moneda. La inflación ha ido desbordando a lo largo de todo el año las previsiones del Gobierno: el 1,8% fijado en los presupuestos de 1999 ha sufrido repetidas correcciones al alza, que se han revelado siempre demasiado optimistas, hasta alcanzar un último objetivo del 2,4%, que es ya inalcanzable.Este pésimo comportamiento de los precios obliga a rechazar las triviales explicaciones ofrecidas mes a mes por los responsables económicos, el vicepresidente Rodrigo Rato y el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro. La suposición de que una tasa más elevada de crecimiento respecto a las economías centrales de la UE (Francia y Alemania) justifica un nivel más alto de los precios puede ser correcta en los manuales, pero en la economía real exige precisar sus límites. ¿Sería aceptable que la economía española tuviera tasas de inflación del 3%? La comparación con la estadística norteamericana es por demás desafortunada. EE UU ha conseguido situar su tasa de paro en el 4% y, con todo, tiene ya una inflación inferior a la española.

Rato ha insistido, además, en que la elevada tasa de inflación española se debe al aumento de los precios del petróleo, y tiene razón, pero sólo en parte, porque la inflación subyacente sigue en niveles muy altos. Pero, de todas las excusas posibles, ésta es la más inoportuna. Al vicepresidente se le ha olvidado mencionar que cuando la inflación caía a un ritmo de vértigo durante parte de los años 1997 y 1998, era porque los precios del petróleo en el mercado internacional se estaban desplomando, y lo mismo sucedía con los de los alimentos; justamente los que hoy disparan el IPC. Cuando los precios son favorables, se debe a la política económica del Gobierno; cuando muestran su peor cara, la culpa es del petróleo.

Es hora de que el Gobierno acepte el fracaso de su política en materia de precios. Ante la evolución del IPC puede seguir dos caminos: el actual, que consiste en echar balones fuera y proponer liberalizaciones de juguete para entretener a la opinión pública mientras en realidad se mantienen las prácticas oligopolísticas o afrontar en serio reformas en mercados como la electricidad, el gas, la distribución de combustibles o el comercio, que están disparando los precios españoles a niveles incompatibles con la estabilidad que exige la pertenencia a la zona euro. La inacción sólo empeorará una situación que, si no desatrosa, es ya muy preocupante.